Legados económicos de Santos I-II

La Administración Santos I-II (2010-2018) ha entrado en sus últimos dos años de gobierno y este momento resulta propicio para dar una mirada de horizonte a sus ejecutorias económicas. Si uno se preguntara por allá en el año 2030, después de 20 años de haberse iniciado la Administración Santos I-II, sobre sus legados económicos ¿Qué se le vendría a la memoria? 

1. Mayor progresividad tributaria. En materia de impuestos de renta, gracias al efecto del llamado Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (Iman) de la Ley 1607 de 2012. Dicho Iman estableció (por fin) un principio más democrático en materia tributaria al elevar la tasa efectiva de tributación de niveles irrisorios de 5% hacia 15% para los estratos altos. El éxito de dicha estrategia consistió en focalizar la tarea de la mayor tributación en ese principio de “progresividad tributaria efectiva”, en vez de intentar (a la vieja usanza) desmontar uno a uno los múltiples alivios tributarios.

Esta tarea quedaría aún mejor enaltecida por la historia si Santos II lograra elevar toda la “curva del Iman” en al menos 3 pps en la Reforma Tributaria Estructural que se estará discutiendo durante este segundo semestre de 2016, en línea con lo sugerido por la Comisión de Expertos Tributarios y Anif.

2. Desmonte de costos laborales no salariales. Después de insulsos debates sobre si el desmonte de las cargas laborales ayudaría a expandir la demanda por mano de obra (reduciendo los costos de dominicales y jornadas nocturnas), Santos I logró impulsar (en la Ley 1607 de 2012) la eliminación de 13,5 pps correspondientes a pagos que venían haciendo las firmas al Icbf, Sena y a la seguridad social en salud. La evidencia del período 2013-2016 indica que, gracias a dicho desmonte y a la mayor supervisión, la formalización laboral (= Pagos al Pila/PEA) se ha elevado de 33% hacia 40%. 

Esta tarea quedaría aún mejor enaltecida por la historia si Santos II lograra profundizar dichos desmontes al extenderlos a la abolición de las contribuciones a las Cofamiliares (y sin indexarlos en el presupuesto nacional), de tal manera que logremos quitar ese “Costo Colombia” de cargas no salariales que todavía rayan 50%-55%.

3. Creación de ANI. Desde un principio (en 2011), Anif aplaudió los avances de la Administración Santos I en materia regulatoria e institucional al crear la ANI (Decreto 4165 de 2011), la cual pasará a la historia como la entidad que hizo posible la modernización del transporte en Colombia a través de las 4G, con obras estimadas en unos $50 billones durante 2016-2022.

Esta tarea quedaría aún mejor enaltecida por la historia si Santos II lograra profundizar los avances en materia de multimodalismo de transporte, pues actualmente el costo de transporte incide entre 10%-20% en el gasto operativo de los principales bienes producidos en Colombia.  Esto implica enfrentar con mano dura, como finalmente lo ha hecho, las mafias del transporte.

4. Creación de la FDN. A principios de 2013, la Comisión de Infraestructura incluyó dentro de sus recomendaciones la creación de dicha FDN, cuya racionalidad radicaba en el fortalecimiento institucional del sector de infraestructura. Así, mientras la FDN (antigua FEN) ayudaba en la fase de financiamiento, la ANI se encargaría de la estructuración-adjudicación de los proyectos. Esta complementariedad ha probado ser exitosa.

5. La venta de Isagen para invertir en infraestructura. Era bien sabido que, durante 2016-2017, la Administración Santos estaría enfrentando faltantes presupuestales del orden de 2%-3% del PIB por año, incluyendo allí los proyectos de infraestructura. De allí la importancia de obtener “recursos extraordinarios” para poder capitalizar la FDN provenientes de Isagen (cerca de US$2.000 millones). 

Esta tarea quedaría aún mejor enaltecida si se continúa identificando otros “activos públicos” que pudieran darnos un mayor rédito en términos de VPN al venderlos y aplicarlos a la FDN, en vez de observar sus marcadas desvalorizaciones (tal como ha ocurrido con Ecopetrol o la ETB).