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Las urgentes tareas organizativas de Colpensiones

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Abunda la desinformación sobre las urgentes tareas que le aguardan, durante 2018-2020, a Colpensiones (entidad pública administradora del Régimen de Prima Media-RPM). Que sepamos, nadie está proponiendo cerrarla (Anif tampoco), pues esa es la entidad que debe encargarse de seguir procesando y pagando las numerosas pensiones que se están generando bajo dicho RPM.

De hecho, hacia Colpensiones se han venido trasladando cerca de dos millones de personas desde el Régimen de Ahorro Individual (RAIS, que administra el sector privado vía AFPs). Estas personas, aprovechando las leyes existentes, están de forma legal arbitrando a su favor mejoras en su Tasa de Reemplazo (= Pensión/Salario de Contribución), en muchos casos hasta multiplicar por 1,5 veces sus beneficios frente a los que daría el mercado. La paradoja es que dicho mercado ha honrado su compromiso histórico de rentar una cifra de 8% real anual (neta de inflación y de pagos de comisiones).

Luego, esa diferencia entre la TR del RAIS y del RPM va directamente a cargo del Presupuesto de la Nación (situación claramente insostenible), ver Informe Semanal No. 1407 de abril de 2018.

Dentro de las recomendaciones que ha dado la Comisión de Gasto Público (2017) sí figura, y en esto coincide con la de Anif, ir “marchitando” ese RPM, como también lo ha mencionado el FMI y la OECD (ver Comentario Económico del Día 19 de abril de 2018).

Pero, aun si se implementara durante 2019 esta recomendación, todas las simulaciones muestran que habría un Colpensiones operando durante los próximos 100 años, dada la forma pausada en que deberá adelantarse esa transición del actual régimen dual (RPM + RAIS) hacia uno en que dejen de generarse abultados faltantes pensionales por cuenta de los regresivos subsidios existentes en el RPM.

Dicho lo anterior, es entonces pertinente avizorar las importantes y urgentes tareas operativas que tendrá que encarar Colpensiones durante 2018-2020, tales como:

1. Buscar y ubicar a todos los contribuyentes que figuren con cualquier saldo a su favor y que tengan más de 57 años mujer o 62 años hombre. A ellos deberá comunicárseles que Colpensiones tiene a su disposición tal cantidad de dinero y deberá explicárseles en detalle las opciones existentes para su entrega inmediata o su vinculación a las alternativas que se les planteen.

Es inaudito que, en el mundo del celular personalizado, del e-mail y de las redes sociales, el Estado a través de Colpensiones mantenga recursos que les pertenecen a esos ciudadanos y que, la mayoría de las veces, por ignorancia desconocen la existencia de tales dineros. Esta debería ser una directriz de la propia Corte Constitucional en defensa de desvalidos adultos mayores y con derecho a reclamar tales recursos.

2. Explicarle a esos ciudadanos que tienen la opción de: a. reclamarlos inmediatamente (infortunadamente, solo ajustados por la inflación acumulada, pues el Estado se queda con sus intereses acumulados, lo cual no ocurre bajo el RAIS); b. vincularse (y de forma no obligatoria) a un programa de ahorro buscando Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) que podrían mejorar hasta en un 20% sus saldos ahorrados por cuenta de un subsidio estatal; o c. buscar un préstamo bancario a través del cual las entidades financieras le aportarían los faltantes en dinero (para comprar las semanas restantes para llegar a las 1.300 requeridas para optar por una pensión), quedando como forma de repago una participación temporal, digamos, de no más de 25% de dicha pensión, lo cual debería entrar a reglamentarse cuidadosamente.

3. Hacia futuro, ver cómo se estructura un Fondo de Garantía de Pensión Mínima-FGPM (en cabeza de Colpensiones, como el que hoy opera en el RAIS) de tal manera que sea ese FGPM el que entre a completar, según presupuesto disponible, los faltantes para acceder a una “renta vitalicia”.

Anif ha venido analizando y compartiendo detalles operativos sobre la mejor forma de hacer una realidad dichas rentas vitalicias para la población de bajos recursos (que usualmente contribuye por debajo de los 2 SML) y usando así los $20 billones que hoy están disponibles en el FGPM-RAIS para tal fin.

En particular, dicho FGPM debería completar los $180 millones que hoy vale una “renta vitalicia” de salario mínimo y requerir cotizaciones por parte de las aseguradoras (bajo el sistema que opera en Chile, conocido como SCOMP, ver gráfico adjunto).

Si no hubiera ofertas del sector privado, entonces el Estado a través de Positiva Seguros debería hacerse cargo de dicha renta vitalicia y entrar a romper la problemática de “inseguridad jurídica” que ha venido paralizando el surgimiento de ese importante mercado en Colombia (ver Comentario Económico del Día 10 de abril de 2018).

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