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Infraestructura, desarrollo territorial y el papel de Findeter

Es bien sabido que para alcanzar ganancias en productividad y acelerar el crecimiento de forma sostenible, ojalá a tasas superiores al 6% anual, resulta indispensable desarrollar buena infraestructura. El reciente anuncio de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y, en seguidilla, el esperado con la Unión Europea, es una realidad que no dará espera al cometido de "sembrar" en infraestructura la actual bonanza minero-energética. Anif ha venido señalando que probablemente dichos recursos, incluyendo los de las regalías, tan solo estarían añadiendo cerca de un 1% del PIB a la inversión en infraestructura, elevándola del actual 3.6% del PIB al 4.6% por año, lo cual todavía resulta insuficiente frente a la meta de destinar no menos del 6% del PIB por año a la infraestructura de todo tipo. ¿Por qué entonces tanto letargo gubernamental a la hora de enajenar el 10% de Ecopetrol, unos US$5.000 millones, y destinarlos a tal propósito?

La carencia de infraestructura no se limita al tema vial (tal vez el que más le crispa los nervios a la opinión pública), sino que también ha tenido un duro arranque en un área tan elemental como la dotación de agua potable y saneamiento básico en todo el territorio nacional. Cabe recordar la crisis de principios de los años noventa, cuando la captura política y el desgreño administrativo llevó a la liquidación de numerosas empresas municipales, especialmente en la Costa Atlántica. La Ley 142 de 1994 permitió vincular a operadores privados y, tras más de una década de "experimentos", se ha logrado avanzar en la cobertura en algunas ciudades.

Sin embargo, los Planes Departamentales de Agua (PDA) impulsados por la Administración Uribe no fueron exitosos y, por ello, la Administración Santos los relanzó como el Programa de Agua para la Prosperidad (PAPP). Los PAPP buscarán fuentes de financiación distintas a las vigencias futuras excepcionales y fomentarán la interconexión domiciliaria rural. En este proceso Findeter está jugando un papel crucial, aprovechando que el Decreto 3333 de 2008 le permitió ofrecer líneas de redescuento con tasa compensada. La cartera total de Findeter asciende actualmente a unos $5.6 billones.

La participación del sector de aguas-alcantarillado dentro del PIB ha promediado un 0.73% en la última década, cifra relativamente baja frente a las necesidades. Si bien la cobertura en acueducto urbano es elevada (96%), la de las zonas rurales (50%) sigue siendo precaria. Esto implica que unos siete millones de colombianos carecen de servicio de alcantarillado y unos cuatro millones de agua potable. Las metas del gobierno apuntan hacia la cobertura universal urbana y no menos del 80% en zonas rurales. Nótese que durante 2005-2010 la provisión de agua potable tan sólo se elevó en un 2% a nivel urbano y en 3% a nivel rural. En alcantarillado, la cobertura en zonas urbanas se ha mantenido en el 90%, mientras que en las rurales aún no supera el 25%.

La buena noticia es que Findeter tiene todo a su favor para convertirse en un verdadero vehículo de financiación de infraestructura regional y banco de desarrollo a nivel nacional. Ya se notan sus esfuerzos por diversificar sus líneas de crédito y extender sus plazos (ahora a más de siete años). A este respecto, valdría la pena estudiar con cuidado el exitoso modelo de asociación público-privada a nivel territorial que se ha venido implementando en Perú desde hace ya más de una década, bajo el programa de Cofide.

En síntesis, la consolidación de Findeter como un verdadero estructurador de proyectos territoriales, especialmente en el campo de aguas-alcantarillado, representa una gran oportunidad para apuntalar las inversiones en infraestructura que tanto necesita el país, más allá del tema vial-aeroportuario. Los avances en el marco regulatorio juegan a su favor, en lo referente a La Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), la de Alianzas Público-Privadas (Ley 1508 de 2012) y la reforma Constitucional a las Regalías (Acto Legislativo 5 de 2011). Dado que los retos de Colombia en la dotación de infraestructura son enormes, es bueno saber que se cuenta con Findeter y con un renovado espíritu estructurador en cabeza de la nueva Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).