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Recientemente, se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif, correspondientes al segundo semestre de 2018. Así, la GEP completó 26 lecturas semestrales (2006-2018) a nivel nacional, con la colaboración de Bancóldex, el Banco de la República, Confecámaras y el Fondo Nacional de Garantías. La encuesta fue realizada en los meses de septiembre-noviembre de 2018 por la firma Cifras & Conceptos, cubriendo la opinión de 1.640 empresarios Pyme, en los sectores de industria, comercio y servicios.
Como ha sido costumbre, los resultados de la encuesta se sintetizan en el Indicador Pyme Anif (IPA). Este resume el clima económico de las Pyme por la comparación de las variaciones en los índices de: i) situación económica; ii) volumen de ventas; iii) expectativas de desempeño general; y iv) expectativas de ventas (estas dos últimas a un semestre vista).
En la medición del segundo semestre de 2018, el IPA mostró una recuperación hacia niveles de 59 puntos (+5 puntos frente a un año atrás), regresando al plano de desempeño económico “bueno. Este repunte marca un cambio en la tendencia negativa del indicador registrada desde 2014, luego de que el fin del auge minero-energético pusiera en evidencia las fragilidades estructurales de la economía colombiana, implicando descensos en el crecimiento potencial hacia solo 3% anual durante el quinquenio 2015-2020 (vs. el 4,5% histórico).
En materia de financiamiento, vale la pena recordar que uno de los principales hallazgos de la GEP sobre el segmento Pyme en Colombia es que solo cerca de 44% de las Pyme solicita créditos al sistema financiero. Para el primer semestre de 2018, dicho registro continuó por debajo del promedio histórico para los tres macro-sectores, e incluso empeoró en las Pyme de industria (38% en 2018-I vs. 39% en 2017-I) y comercio (37% vs. 43%), aunque se recuperó levemente en el caso de servicios (36% vs. 33%), ver gráfico 1. Ello es consistente con una leve reducción en la tasa de aprobación de dichos créditos en la industria (91% en 2018-I vs. 94% en 2017-I) y comercio (93% vs. 95%), junto con estabilizaciones en el caso de servicios (95% vs. 94%). A pesar de lo anterior, dichas aprobaciones rondan valores cercanos al promedio quinquenal de 95%.
Respecto a la satisfacción de las Pyme con la tasa de interés a la que les fue otorgado el crédito, se reportaron descensos en la industria (64% en 2018-I vs. 66% en 2017-I) y los servicios (64% vs. 73%), y valores relativamente estables en comercio (70% vs. 69%). Ello resulta algo contraintuitivo, considerando que las tasas de interés del crédito ordinario-Pyme disminuyeron de 12,9% a niveles del 10,8% durante junio 2017-junio 2018 (período relevante para la encuesta). Ello podría explicarse por: i) aumentos puntuales en el elemento de spread de riesgo en la tasa de interés, ante la tensión del ciclo crediticio de 2017-2018, evitando la transmisión de dichas menores tasas del sistema a deudores particulares; y ii) reducciones en los plazos de aprobación de dichos créditos, incrementando las cuotas de amortización + intereses que son las que finalmente afectan el flujo de caja de las empresas. Este último punto se refleja en la reducción del porcentaje de créditos aprobados a largo plazo en los sectores de industria (29% vs. 32%), comercio (30% vs.33%) y servicios (27% vs. 35%).
Otra de las tendencias históricas reportadas en la GEP ha sido un sector Pyme más “preocupado” por financiar sus actividades diarias y mucho menos por tener vocación de expansión o innovación. Ello se refleja en que la mayoría de las Pyme continúa destinando los recursos obtenidos en los créditos a financiar el capital de trabajo (63% en industria, 67% en comercio y 60% en servicios), dejando de lado actividades como compra y arriendo de maquinaria (15% en industria, 9% en comercio y 9% en servicios) o remodelaciones-adecuaciones (11% en industria, 11% en comercio y 14% en servicios).
Finalmente, la mayoría de Pymes no accede a fuentes alternativas de financiamiento (40% en industria, 51% en comercio y 45% en servicios), dejando proporciones relativamente reducidas de acceso a financiamiento vía recursos propios (25% en industria, 17% en comercio y 26% en servicios) y proveedores (25% en industria, 27% en comercio y 17% en servicios). En este último punto, se ha venido discutiendo la manera de evitar esas presiones de caja a las Pyme mediante requerimientos de pagos de facturas a plazos inferiores a los 60 días mediante la anunciada Ley-MiPyme (vs. los 90-180 días actuales). En este tema de financiamiento alternativo, también resultará crucial romper los cuellos de botella en la licitación del Registro Unificado de Facturas Electrónicas (Refel), con miras a profundizar el pando mercado del factoring en Colombia, ver gráfico 2.
En síntesis, el ciclo de deterioro crediticio no parece haber repercutido significativamente en el financiamiento de las Pyme de Colombia. Aunque hay un leve deterioro coyuntural en aprobación de montos y satisfacción con las tasas de interés en el último año, se mantienen las conclusiones estructurales en financiamiento: i) bajo acceso al crédito formal; ii) solicitud de recursos principalmente para el corto plazo en vez de usarlos en innovación; y iii) renuencia a solicitar créditos por “no necesitarlos” (lo que puede evidenciar reducidas opciones de inversión rentable-productiva que apalanquen el crecimiento empresarial; o la elevada aversión al riesgo de los empresarios).
