Pese a los múltiples diagnósticos sobre atrasos en infraestructura, el contencioso jurídico continúa gravitando negativamente sobre el sector. Por ejemplo, la inversión en carreteras y calles tan sólo creció un 1,4% anual durante el primer trimestre de 2013, a pesar de que las obras civiles (principalmente minero-energéticas) crecieron a ritmos estimulantes de 18% real anual. Un factor que continúa frenando la aceleración en ejecuciones tiene que ver con el efecto de las “asustadurías públicas” sobre las actuaciones de los funcionarios, reeditando así las nefastas épocas del “control previo” pre-Constitución de 1991.
Recordemos que, en los años setentas y ochentas, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) tenían un amplio poder en materia de contratación pública. Dichas entidades ejercían un “control previo”, lo cual no sólo no sirvió para mejorar la calidad de las obras públicas, sino que se volvió un expediente de extorsión sobre los gobernantes de turno. Toda la cadena de decisiones de Ministros y Gobernadores-Alcaldes (nombrados entonces por el gobierno central) estaba al amparo de la tramitomanía pública que dependía de la CGR y de la PGN, apoyadas en los tenebrosos tentáculos de la corrupción que emanaban del Congreso que elegía a sus directores. ¿Remember los cinco Contralores que terminaron en la cárcel durante el nefasto período 1970-1998?
Con buen tino, la Constitución de 1991 eliminó el control previo y dio directrices para operar sobre control posterior. La idea es que Contraloría, Procuraduría y Fiscalía entraran a investigar y sancionar posteriormente, sin “extorsionar” la operatividad del Estado. ¿Cuál ha sido el balance de este movimiento de control previo a posterior?
No conocemos un detallado balance a este respecto, pero tenemos la impresión de que sus resultados han estado muy por debajo de las expectativas. Por ejemplo, en el caso de la CGR, la Comisión de Racionalización del Gasto proponía en 1995-1997 moverse hacia esquemas de “Tribunales de Cuentas”, como los que operan exitosamente en España. Esos tribunales tienen la ventaja de evitar la pesada burocracia de la CGR, la cual continúa mostrando baja productividad y elevada inflexibilidad laboral, a pesar de haberse reducido de 6.000 a cerca de 4.000 funcionarios en las dos últimas décadas.
La buena noticia es que la corrupción tradicional en la CGR ha quedado atrás y en los últimos años no ha habido ningún Contralor condenado. Sin embargo, la propia dirección de la CGR se ha quejado del “elefante” burocrático que tiene que manejar, tal como ocurre en la mayoría de las entidades públicas (incluyendo la Dian y el INPEC, donde continúan rampantes la corrupción y la inflexibilidad laboral).
La actual Contralora ha sido valiente y eficaz en la investigación de la captación ilegal de dinero del público (pirámides) y en la denuncia de los “carruseles pensionales”, pero podría hacer mucho más si usa tribunales de cuentas en las supervisiones ex-post de numerosas entidades públicas. Sus pesquisas en temas tan complejos como la infraestructura o el comportamiento de los ahorros públicos (tipo FONPET) han sido menos acertadas y, de hecho, están generando ese efecto de “asustaduría pública” que causa paralización de los funcionarios en áreas vitales. Así, Colombia parece estarse quedando con el peor de los mundos en materia de control público: una CGR gigante, burocrática, y operando bajo esquemas de facto que son de “control previo”, en temas tan centrales como las obras civiles.
Por el lado de la Procuraduría (PGN) también se ha superado el tema de abierta corrupción, pero ha adquirido un tinte politiquero preocupante, aderezado por el error institucional de la reelección inmediata, generándose reciprocidad burocrática con el Congreso. La forma en que se encaran algunas sanciones disciplinarias destilan intereses políticos. Además, el Procurador actual viene usando el expediente de interpretaciones personales en temas tan delicados como el derecho al aborto o la aplicación de regímenes pensionales especiales, en abierto desafío a la Corte Constitucional. Como si fuera poco, la planta de la PGN se ha expandido en casi 800 funcionarios, frente a la contracción de 1.800 en la CGR. ¿Qué institucionalidad y respeto por la Carta puede entonces derivarse de las actuaciones de la PGN?
La iniciativa del Presidente Santos de impulsar el desmonte de la reelección presidencial debería extenderse al caso del Procurador y, por supuesto, Santos debe dejar de coquetearle a la idea de impulsar la reelección de gobernantes territoriales. No sea que “se mal interprete” como dádivas en año reelectoral, máxime cuando se otorgan bonificaciones salariales a dichos mandatarios. Todos esos funcionarios deberían tener períodos máximos de 5 años y sin ningún tipo de reelección.
