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A mediados de 2020 hicimos algunos pronósticos sobre el efecto que tendría la pandemia-covid sobre el crecimiento del PIB-real y la trayectoria del desempleo en el horizonte 2020-2022. Los efectos sobre el crecimiento han resultado algo peores a nuestro estresado pronóstico (-6,8% observado en 2020 vs. -6% pronosticado en junio). Pero la conclusión básica creemos que se ha mantenido: dada la característica exógena del choque (afectación por salud-pública y no por crisis financiera), la recuperación de la actividad económica estará ocurriendo a horizontes de 1-2 años y no a 7-10 años como ocurrió durante la crisis hipotecaria de 1998-1999.
No obstante, la situación laboral de Colombia continuará siendo muy precaria en pos-pandemia. Esto se verá agravado por la falta de decisión de una Administración Duque que seguramente no estará adoptando los ajustes estructurales laborales que requiere Colombia. Lo correcto sería profundizar los alivios en los costos no-salariales que se habían iniciado con la Ley 1607 del 2012, pero que todavía dejan a las empresas con multiplicadores de costos laborales no-salariales cercanos al 50% sobre la nómina.
Esta pandemia está dejando cicatrices sectoriales en comercio, aviación, turismo, hotelería y entretenimiento. Estos sectores están teniendo que adaptarse (como los que más) a bajas densidades poblacionales y su “normalización” seguramente estará ocurriendo en 2022, en función del éxito global que se tenga con la vacunación.
La buena noticia es que su masificación ha venido tomando buen ritmo, especialmente en Israel y Gran Bretaña. También parece estarse acelerando en Estados Unidos y Chile. En Colombia hemos ido más lento. Los bombos-platillos del inicio deberán ahora acoplarse a los desafíos informativos y gerenciales de las EPS que tendrán que comprobar que están a la altura de momentos tan exigentes.
El gráfico adjunto ilustra cómo durante la crisis hipotecaria el desempleo escaló de 12% a 20% en tres años (1997-2000) y en los tres siguientes continuo bordeando 15% (2001-2003). Desde el estallido de esa crisis hipotecaria (en 1998), a Colombia le tomaría casi 15 años bajar el desempleo hacia 9% (en 2014).
La crisis internacional Lehman (2007-2009) tomó a Colombia con altas tasas de desempleo, cercanas a 11% y permanecería allí hasta superarse la crisis en 2012 (ver gráfico). Dados los elevados costos no-salariales del momento (63%), la recuperación del crecimiento no trajo aparejada ninguna elasticidad sobre el desempleo. Mientras el crecimiento económico se elevaba de 2% anual, durante 2008-2010, hacia 3,5% anual, durante 2011-2014, el desempleo se resistía a bajar de 11%.
Así pues, ha llegado la hora de revaluar la ingenua idea de que bastaría con elevar el crecimiento nuevamente arriba del 3,5% anual para lograr regresar el desempleo a un dígito. Eso no ha ocurrido durante los ciclos de las últimas dos décadas, lo cual ilustra el serio problema de elevado costo-estructural en la contratación legal de mano de obra en Colombia.
La Administración Duque ha debido abaratar ese sobre costo no-salarial de 50% desde su misma llegada en 2018. En vez de ello, procedió a crear una Comisión Laboral de solo funcionarios gubernamentales y, bajo pandemia, repitió el expediente. Entretanto, el desempleo continúo escalando de 9% a 11% durante 2018-2019 y llegó a promediar 16,1% en 2020, una de las más altas en la región.
Ha llegado el momento de actuar: el Gobierno debería liderar una gran reforma para reducir esos sobre-costos laborales: i) desmonte de 4% de los aportes a Cofamiliares (los cuales no deberían ser asumidos por el presupuesto de la nación, pues a diferencia del ICBF-Sena en este caso no se trata de entidades públicas, sino de rentas capturadas por entidades privadas); y ii) flexibilización de los esquemas de contratación.
Algo se estará progresando con la reciente aprobación de contratos por horas y piso mínimo rural, aunque no está claro si el costo de 15% a cargo de los empleadores disuade la esperada formalización laboral. Recordemos que ya existía en Colombia: i) el formato de trabajo temporal (tanto urbano como rural); ii) la facilidad de contratar por semanas (caso de las empleadas del servicio doméstico); y iii) el formato del trabajador independiente. Luego, lo que no cierra la ecuación del trabajo es que, independientemente de la periodicidad, MHCP-UGPP terminan sancionando fuertemente a las firmas que no cumplen con todos esos sobre costos que encarecen los salarios en al menos un 50%.
La solución no estará en reducir el SML-real, pues está protegido a nivel Constitucional. Infortunadamente, los gobiernos han continuado “inflándolo” por encima de las ganancias de productividad, a ritmos de +2% real por año (inclusive en 2021), afectando la contratación laboral al combinarse con los parafiscales.
Por último, el gráfico ilustra la trayectoria de la tasa de desempleo, la cual seguramente mostrará un lento descenso hacia 14% en 2021 y 11% en 2023. El problema es que, de no impulsarse una reforma laboral, se habrá perdido una gran oportunidad para entrar a solucionar el grave problema de desempleo estructural en Colombia.
