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A finales de abril de 2020, se publicó el reporte de Artículo IV del FMI sobre Colombia. El staff del FMI tuvo que trabajar fuertemente para involucrar durante marzo-abril los nuevos escenarios de perspectivas macro-económicas de Colombia. Estos se vieron alterados profundamente debido a la aparición de la pandemia global covid-19.
Aunque el FMI hizo un buen análisis sobre el crecimiento del PIB-real que venía mostrando Colombia durante 2017-2019, la verdad es que nos han quedado varias dudas conceptuales y metodológicas sobre lo allí expuesto.
A nivel conceptual, poco profundizó el FMI sobre la problemática estructural del sector productivo de Colombia y su falta de competitividad. Este tema es fundamental para diagnosticar las serias dificultades de rebote económico que enfrentará el país por cuenta de su elevada dependencia de commodities minero-energéticos. Ya no se trata únicamente del duro golpe exportador que recibiremos dada la nueva trayectoria del precio del petróleo, más cercana de los US$30-40 barril/Brent que de los US$60.
También estaremos enfrentando desplome del precio del carbón y postración del turismo y de las exportaciones de flores debido al aislamiento social resultante de la pandemia. Luego, no es para nada clara la conclusión de que la inversión extranjera continuará financiando dos terceras partes del déficit externo que el propio FMI proyecta en 4% del PIB y de forma sostenida durante 2020-2025.
Otro elemento conceptual sobre el cual poco elaboró el FMI es el supuesto aporte económico de los inmigrantes de Venezuela. Yo considero que Colombia se ha comportado de manera ejemplar acogiendo a cerca de 1,5 millones de ellos durante 2017-2020. Eso es lo correcto de hacer por razones de índole humanitaria, pero no tanto por razones de conveniencia económica para Colombia.
Esos inmigrantes han generado no menos de 0,5% del PIB de mayor gasto para Colombia y, de hecho, esa fue la justificación para la “cláusula de escape” invocada en la aplicación de la Regla Fiscal en 2019. Es claro que, dada la sobre-oferta laboral que enfrenta Colombia, estos inmigrantes poco calificados resultan siendo una carga económica. Bienvenidos ellos, pero por razones de índole humanitaria. De esta manera, Colombia le está devolviéndole a Venezuela la gran acogida que ellos le habían dado a unos 2 millones de los nuestros cinco décadas atrás.
Y, a nivel metodológico, nuestras dudas tienen que ver con la “arqueología fiscal” y la re-escritura de la historia fiscal del país. Resulta que en las “nuevas cuentas fiscales de Colombia” del FMI aparece como si el déficit del gobierno central hubiera sido de 4,8% del PIB en 2018, en vez de 2,9% que había reportado el propio FMI en su Art. IV de abril del 2019. El FMI decidió añadirle al año 2018 (y no al año 2019) +1,9% del PIB de gasto público de cuentas atrasadas de salud, fallos judiciales y subsidios energéticos, ver gráfico adjunto. Esta decisión escondió bajo el tapete histórico ese mayor gasto y, además, concluyó de forma olímpica que se había dado cumplimiento a la Regla Fiscal de 2019, aunque en las Actas del Comité Asesor nunca figuró nada de eso.
Dicho de otra manera, el FMI decidió adoptar el papel de “India Jones - arqueólogo fiscal de Colombia” que el propio Min-Carrasquilla había rechazado cuando este respondió a los medios que él no sabría cómo distribuir ese “gasto atrasado” en el tiempo.
El problema es que toda esta “contabilidad creativa” le hace perder credibilidad a la Regla Fiscal del país. Las calificadoras de riesgo han venido alertando sobre ello y por eso nos tenían en “perspectiva negativa”. Recientemente, al agregarse los riesgos de la pandemia, nos han degradado a simple grado-de-inversión y ratificado las “perspectivas negativas”, tanto Fitch como S&P. Moody’s acaba de asignarnos perspectiva negativa sobre el sector financiero.
Baste mirar la trayectoria de la relación Deuda Pública/PIB para dimensionar la gravedad del problema fiscal que tenía Colombia aun antes de la pandemia: esta había escalado de 35% a 53% durante 2012-2019 y el FMI proyecta que llegará a 58% en 2020.
Pero de forma algo sorprendente (¿ingenua?), el FMI pronostica que esa relación de deuda caería hacia el 55% tan pronto como en 2021. Esto luce casi imposible de alcanzarse si se tiene en cuenta el desplome de los recaudos (al 13% del PIB). Además, en las trayectorias de la deuda del periodo 2021-2025 el FMI omitió el compromiso del gobierno de reponer cerca de 3% del PIB de dineros “tomados prestados” del FAE-FONPET-FDN y AFPs (Retiros Programados).
En síntesis, el gobierno ha obrado bien al adoptar políticas fiscales contra-cíclicas por valor cercano a 6% del PIB para enfrentar esta difícil pandemia Covid-19. Pero urge que, en el segundo semestre de 2020, le proponga al Congreso una reforma tributaria que permita incrementar el recaudo en al menos 2% del PIB para evitar que la deuda pública desborde el +65% del PIB antes del 2022.
Por el momento, el componente más sacrificado continuará siendo la inversión pública. El FMI pronostica que esta tan solo llegará a 0,5% del PIB frente a un promedio histórico del 2% del PIB. Sin infraestructura pública será imposible regresar a nuestro potencial de crecimiento de 3,5% anual en años venideros.
