Rebeldes sin causa y con costo

Los sectores que durante los últimos 12 meses han pregonado el falso dilema de priorizar la vida sobre el derecho al trabajo y a la educación, ahora le dicen al país que el derecho a la vida es menos importante que su derecho a aglomerarse peligrosamente en el pico más crítico de la pandemia, para pedir el retiro de una reforma tributaria que ni siquiera se ha empezado a discutir.

Uno de esos sectores, Fecode, el sindicato de trabajadores públicos de la educación, que se sigue negando a contemplar el regreso general a clases presenciales, asegura que suspenderán “todo tipo de trabajo o actividad académica”, exigiendo “la aplicación de la vacuna del coronavirus a las maestras y maestros del país y estudiantes mayores de 10 años de edad, previo al proceso de presencialidad”. Ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar que, hasta ahora, “no hay vacuna en el mundo licenciada para esa edad” como bien lo anotó el profesor Moisés Wasserman. Es aquí donde queda probado la motivación política de la convocatoria. Ahora bien, es su derecho…sí. Pero eso no le quita lo oportunista, lo miope, pero, sobre todo, lo peligroso para la salud y la vida. Y lo costoso.

Tal parece que el proceso de marchas y paros en los últimos años se ha convertido en el último capítulo de la “patria boba”. En noviembre de 2019 marcharon 270.000 personas en todo el país, uno de cada 80 votantes en las elecciones inmediatamente anteriores. Tanto el país político como los medios calificaron el hecho como trascendental. Hasta el mismo Gobierno abrió mesa de diálogo con los supuestos representantes de la convocatoria, quienes salieron con un chorro de babas al presentar una larga lista aspiracional encabezada por el rechazo a la reforma laboral y pensional, que hasta ahora ni siquiera han sido presentadas. También rechazaban la Ocde, el FMI, y el Banco Mundial, sin especificar qué les molesta de estas organizaciones.

Pero este llamado a paro nacional el 28 de abril desafía todos los límites de la racionalidad. Cuando la ocupación de las UCI en las principales ciudades excede 90%, la alternativa que propone Gustavo Petro, quien se ha apropiado indebidamente de todas las movilizaciones recientes, es que para que no haya aglomeraciones, se debe retirar la reforma tributaria. Es decir, incentiva que se ponga en peligro a los ciudadanos y al ya estresado sistema de salud, exhortándolos a marchar, pero la culpa es del Gobierno por no acceder a su absurda pretensión. ¡Qué descaro! Eso si…no se oye de él ni de ningún convocante, ninguna propuesta fiscal que sirva para financiar nada de los que precisamente demandan…renta básica universal, gratuidad total en la educación, etc.

Mientras tanto, los costos siguen sumando. Y no es precisamente por los costos de recuperación del patrimonio público y privado destrozado en actos vandálicos que en 2019 fue calculado en decenas de miles de millones. En realidad, el peso más grande lo tiene la paralización de la actividad económica. Un informe del Diario La República calculó a principios de 2020, que un día de paro le costaba al país 0,7% del PIB, lo que quiere decir que con los días de paro que se han dado durante el actual gobierno, su costo equivale a varias reformas tributarias como la que quieren tumbar.

Llegamos entonces a una verdadera paradoja donde rebeldes sin causa, motivados más por mezquinos intereses políticos y electorales, incitan a marchas en el momento más vulnerable para la salud de los colombianos, demandando gasto público que no saben ni proponen como financiar.