Una tarea de largo aliento!

El país ha venido enfrentando en las últimas décadas la magnitud de los efectos adversos del lavado de activos y ha interiorizado, en medio de una larga y constante lucha, la amenaza que esto constituye no solo para la estabilidad económica y financiera del país, sino en la promoción del crimen, la inseguridad y la corrupción, factores que erosionan la legitimidad gubernamental, la confianza en las instituciones y reducen el apoyo al sistema democrático. En la lucha contra este flagelo, son grandes los avances que como sociedad hemos realizado en los últimos años, un proceso que se ha visto dinamizado por la innovación y el acelerado desarrollo tecnológico.

Los criminales, en el caso particular que afecta a la banca, han especializado su actividad migrando de los canales presenciales hacia los virtuales, dando paso al robo de información, al fraude informático y a otras tipologías que en algunos casos derivan en el lavado de dinero. Es estos aspectos Colombia ha venido registrado avances significativos en materia de detección y prevención. 

Y es que precisamente, consciente de esta transformación, el país ha generado importantes reformas en los últimos años gracias al esfuerzo conjunto entre las agencias de cooperación internacional, el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y  las entidades de los sectores financiero y real. Una acertada coordinación en la que se han implementado modelos de gestión sistémicos en busca de una mayor integración a través de valiosas herramientas: (i) la ampliación de fuentes de información y sectores económicos regulados, (ii) la retroalimentación como base en el diálogo bidireccional, y (iii) la búsqueda de alianzas interinstitucionales sólidas.

Sin embargo, así como nos hemos venido adaptando a los cambios que se presentan en estas actividades, la eventual firma de un acuerdo de paz supone desde ya retos importantes para los que debemos estar preparados. Es ilustrativo lo sucedido en el triángulo norte de Centroamérica, constituido por Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde una vez materializados los acuerdos de paz se impulsaron importantes reformas legales e institucionales en áreas de seguridad y justicia que ignoraron la evolución y complejidad de las nuevas organizaciones delincuenciales. De forma desafortunada, la desarticulación de muchas de las medidas permitió que el auge de la violencia, la criminalidad, la corrupción, el secuestro y el lavado de activos continuaran proliferando. 

Este escenario debe plantearnos por lo menos dos inquietudes que deben ser resueltas a la mayor brevedad: (i) ¿qué políticas, procedimientos y controles adicionales deberán establecer las entidades y gobiernos de la región para prevenir que los dineros provenientes del Lavado de Activos o de la Financiación del Terrorismo no permeen la economía?, (ii) ¿qué información adicional será proveída al sector financiero para atender las necesidades de inclusión financiera de la población reinsertada?.

Hay, sin embargo, otro reto fundamental para Colombia en el mediano plazo, y es el que se deriva de la evaluación al Sistema Anti Lavado Activos que realizará el Fondo Monetario Internacional en 2017, la cual se enfocará en determinar el nivel de cumplimiento técnico que alcanzan las bases jurídicas e institucionales de dicho sistema en nuestro país, así como en su efectividad.

Conscientes de la relevancia de esta evaluación, celebramos la conformación del Grupo Interdisciplinario conformado por el Minjusticia, la Superfinanciera, la Fiscalía General y la Uiaf, quienes tendrán a su cargo liderar las etapas que componen este proceso de evaluación y realizar una revisión autocrítica respecto de la implementación y efectividad de la normatividad vigente. Los resultados de este grupo serán, sin duda, fundamentales para establecer la hoja de ruta que permitirá continuar cosechando avances significativos en estos frentes, un proceso en el cual el sector bancario seguirá contribuyendo y participando de forma activa.