Una reforma tributaria para mejorar la competitividad

En el país parece existir un amplio consenso en que la alta tasa de tributación que recae sobre las empresas es una de las principales causas de los rezagos en competitividad. En el difundido estudio realizado por el Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios, se evidencia que la tasa efectiva de tributación de las firmas colombianas alcanza 75%.  Aunque esta cifra puede diferir entre sectores, indudablemente constituye una prueba fehaciente sobre uno de los principales obstáculos para la inmersión de los mercados nacionales en el comercio exterior. 

Estos atrasos en competitividad no deben lucir sorpresivos si se tiene en cuenta que en Colombia las firmas se gravan con impuestos como el ICA o el de riqueza, que afectan en grandes proporciones la acumulación de capital y perjudican gravemente el crecimiento empresarial. De manera análoga, con la aprobación de la reforma tributaria en 2014, se aumentó la tasa del impuesto de renta y se fijó la sobretasa al Cree. Estos dos tributos, que sumados alcanzarán 43% en 2018, lucen sin duda asfixiantes para la actividad productiva. 

A pesar de esta realidad, paradójicamente los ingresos tributarios son bajos en comparación con estándares internacionales. De acuerdo con las cifras presentadas la Ocde, los ingresos tributarios que se recaudan en Colombia son inferiores entre dos y cuatro puntos del PIB frente al recaudo potencial, un resultado que se atribuye en gran medida a la alta evasión fiscal y al sinnúmero de exenciones, exclusiones y/o regímenes especiales. En virtud de estos hechos y con el fin de promover una reforma tributaria para la competitividad en los próximos años, es evidente que el ingreso fiscal deberá incrementarse sin menoscabar la inversión privada, a la vez que deberá identificar aquellos frentes en los que aún existen dificultades en la administración y cobro de tributos.

En este sentido, cabe destacar que estas limitaciones se han visto profundizadas a causa de una extensa actividad productiva informal que se asienta firmemente en todo el país. Los desincentivos a la inversión, las altas tarifas impositivas y el complejo entramado tributario han llevado a que parte de los micro y pequeños empresarios prefieran mantenerse al margen del régimen formal. Esta condición no sólo actúa en detrimento de las finanzas públicas sino que perjudica la profundización y ampliación del mercado laboral formal, además de que crea barreras para el acceso al crédito y el fortalecimiento del aparato productivo.

Por tales motivos, es necesario que se adopten medidas tributarias que brinden claridad al  empresariado y garanticen su entrada al sistema formal. De allí la importancia de la implementación de un Régimen de Transición Tributario -RTT- donde se simplifiquen las obligaciones tributarias formales para las empresas más pequeñas y se establezca además una tarifa de tributación efectiva menor que la del régimen común. Esta estrategia también podrá incorporar medidas como la del uso de medios de pago electrónicos para la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables que faciliten la trazabilidad de las transacciones y fortalezcan aún más la lucha contra la evasión y la ilegalidad.

De igual forma,  el país deberá continuar reforzando su ordenamiento tributario para adecuarlo a los estándares pro- puestos por la Ocde en lo relacionado con el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios”, conocido como Beps. Las recomendaciones hechas en el marco de este plan tienen por objeto asegurar la coherencia del impuesto sobre la renta a nivel internacional con el fin de evitar la doble exención o la baja imposición, poniendo freno a las planeaciones tributarias agresivas y a la falta de transparencia y coordinación entre las autoridades administrativas tributarias. 

Estas medidas en conjunto apuntarán hacia una verdadera reforma tributaria que se encuentre acorde con las necesidades del aparato productivo del país y que además garantice la competitividad de nuestra economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.