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Una oportuna invitación

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A finales de 2017, y tras un análisis riguroso sobre la situación y las perspectivas macroeconómicas del país, algunas de ellas asociadas particularmente a la dinámica y a la sostenibilidad de las finanzas públicas, Standard & Poors (S&P), una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo a nivel mundial, decidió realizar un descenso en la calificación de deuda soberana colombiana.

Si bien este hecho no se descartaba dada la incertidumbre local en materia fiscal, terminó encendiendo las alarmas en buena parte del mercado debido a los temores que una medida de estas características despierta en torno a la posibilidad de perder el Grado de Inversión, un distintivo que el país logró recuperar en 2011 después de haberlo perdido tras la crisis de 1999.

Y es que, en términos prácticos, aún pese a que el país continúa siendo una economía atractiva para los flujos de capital extranjeros, con esta nueva calificación el país queda a un escalón de perder el grado de inversión, cuya sola posibilidad de materialización incrementa el riesgo de desequilibrios internos.

En efecto, la reducción por parte de una calificadora podría abrir la puerta para que otras firmas calificadoras tomen la misma decisión, lo que derivaría en reducciones en los precios de los bonos y en mayores costos de financiamiento, acotando con ello el margen de maniobra del Gobierno para mejorar su balance.

Sin embargo, gracias a la continua confianza inversionista, la solidez institucional y la fortaleza de los mercados, la decisión tomada por S&P no afectó profundamente a los mercados financieros locales. Los efectos negativos derivados de la baja en la calificación en los mercados de renta fija, renta variable y divisas lograron disolverse con cierta celeridad tras algunos breves episodios de volatilidad.

Resulta positivo que, incluso en este escenario, las últimas emisiones de deuda pública hayan evidenciado el continuo atractivo inversionista. Ha sido, en este contexto, una buena noticia la elevada demanda de la emisión de deuda del cierre de enero, que bordeó $1 billón con una tasa de corte de 3,77% a 32 años, constituyéndose hoy como la emisión pública más longeva en la historia nacional.

Este hecho, sumado a la buena dinámica de los mercados financieros locales, demuestra que el impacto económico de la reducción de la calificación parece haber sido moderado.

Este resultado es atribuible, entre otras cosas, a la robustez del ecosistema financiero tras los importantes avances competitivos, regulatorios y de supervisión de los últimos años.

Hoy el mercado local, gracias precisamente a los avances y mayores desarrollos, ha logrado posicionarse como uno de los mercados más importantes en Latinoamérica y como uno de los que exhibe mayores oportunidades de crecimiento a nivel mundial.

No obstante, el mensaje ha sido contundente. Si bien el hecho de que la perspectiva “estable” de la calificación de S&P sugiera que en el corto plazo resulte relativamente improbable una nueva revisión, y que, incluso en el escenario más ácido, Colombia difícilmente perdería el grado de inversión en 2018, el descenso de la calificación no es otra cosa que una oportuna invitación para continuar avanzando en materia de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Un escenario fiscal más complejo y que enfrente difíciles disyuntivas en materia de reducción de gasto y ajuste fiscal en la agenda del próximo Gobierno, comprometería sin duda la calificación soberana del país de cara a 2019. ¡No podemos equivocarnos!

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