Una lucha constante

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La utilización de recursos económicos con el propósito de financiar el terrorismo (FT), así como las operaciones dirigidas a dar apariencia de legitimidad a dinero ilegal, denominadas lavado de activos (LA), hacen parte de los delitos que afectan con mayor frecuencia las transacciones llevadas a cabo en la economía colombiana.

Sus efectos sobre la sociedad son múltiples. En primer lugar, distorsionan los resultados de cada sector económico al alterar los balances de las empresas o sobrevalorar sus utilidades, un hecho que termina incidiendo en la estabilidad del sistema financiero, así como en la salud económica de los países. Por otro lado, tienen efectos sociales, puesto que el blanqueo de dinero no solo fortalece las finanzas de los grupos criminales, sino que genera una cultura de ilegalidad. Finalmente, tienen consecuencias reputacionales, al poner en tela de juicio no solo la confianza en las entidades financieras, sino la de todo el sistema económico.

La tarea de controlar estos delitos se dificulta aún más al considerar la progresiva irrupción de la innovación tecnológica en las transacciones financieras. En efecto, si bien los cambios tecnológicos han permitido ofrecer una mayor variedad de productos y servicios, también han generado un ambiente propicio para el delito al proveer un mayor rango de oportunidades para legitimar ganancias mal habidas.

Así, la creación de las Fintech, empresas que, sin pertenecer al sistema financiero, brindan productos financieros basados en desarrollos tecnológicos, y el surgimiento de criptomonedas, amplían el espectro de posibilidades en el que se pueden blanquear capitales al no estar sometidas a regulación ni supervisión alguna.

Por ello, desde el Gobierno Nacional se le confirió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), con apoyo de la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, la misión de proveer al país la normatividad, plataformas tecnológicas y esquemas necesarios con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el LA/FT.

En esta línea, hace unos años Colombia se hizo miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, una organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el LA/FT y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta entidad evalúa constantemente que los países cuenten con el marco institucional adecuado, y que el sistema funcione y sea efectivo en la lucha contra estos flagelos.

La más reciente evaluación sugiere que existen aspectos positivos tales como la fortaleza del marco jurídico e institucional colombiano, que permite a las autoridades brindar cooperación internacional de manera oportuna, así como avances en la Uiaf en materia de análisis operativo y estratégico de alta calidad. No obstante, también evidencia la existencia de brechas en cuanto a la aplicación de medidas preventivas, deficiencias en la identificación de la identidad de los beneficiarios finales, así como en los reglamentos relacionados con transferencias electrónicas y la regulación de nuevas tecnologías.

Por ello, es imperativo que el Gobierno trabaje mancomunadamente con el sector privado para implementar de forma efectiva medidas preventivas y represivas que disuadan la comisión de delitos de LA/FT. Asimismo, se requiere de un trabajo colaborativo con organizaciones internacionales que permita, mediante la adopción de estándares regulatorios idóneos, fortalecer el sistema de prevención de riesgos y mitigar así las consecuencias que estos traen para el país en materia institucional, social y económica.

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