Analistas

Una lucha constante

En los últimos meses, la prensa ha estado inundada de noticias que dan cuenta de investigaciones sobre posibles casos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo en la región. Esto ha puesto en tela de juicio la reputación de muchas entidades, tanto públicas como privadas, y ha impactado negativamente la competitividad y eficiencia necesarias para el desarrollo empresarial. Dicha situación ratifica la importancia de incluir estos temas dentro de la agenda pública, pues de lo contrario, en ausencia de una gestión adecuada, continuaremos viendo obstaculizado el desarrollo económico y social.
Por cuenta de casos como el de Petrobras y Odebrecht, la corrupción ha pasado a ser uno de los temas que más ha acaparado la atención del hemisferio. A pesar de la lucha decidida contra este flagelo, los resultados de evaluaciones internacionales continúan señalando que existen retos por afrontar y es claro que las diferentes jurisdicciones deben implementar reformas profundas a la regulación y a los sistemas anticorrupción, incluyendo a los sectores económicos en los cuales se ha identificado mayor riesgo de ocurrencia de este delito, como lo son la minería, la construcción y el transporte. Sin embargo, los esfuerzos anticorrupción deben también ir acompañados por estrategias orientadas hacia la prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Para que la región y en particular Colombia progrese en esta materia es necesario avanzar en la implementación de diversas medidas, de las cuales me gustaría destacar algunas. En primer lugar, y dada la actual revolución digital, es oportuna la creación de una regulación puntual que le permita identificar a los diferentes actores económicos los riesgos asociados a las operaciones realizadas a través de las nuevas tecnologías. Adicionalmente, se requiere una mayor inversión en capital humano y tecnológico para fortalecer las áreas encargadas de hacer frente al lavado de activos a nivel regional, lo que permitirá hacer frente a las nuevas amenazas generadas por los métodos, cada vez más innovadores, que utilizan los delincuentes para materializar sus delitos.
Por su parte, las medidas orientadas a combatir la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva también deben ubicarse en uno de los primeros lugares de la agenda, teniendo en cuenta que históricamente la región ha sido afectada por grupos al margen de la ley y ataques terroristas. En efecto, en 2016 Colombia hizo parte de los 20 países en los que se presentaron 90% de los ataques terroristas ocasionados por grupos al margen de la Ley en el ámbito local. Es preciso entonces que, en la lucha contra estos flagelos, las autoridades policiales, investigativas, judiciales y los reguladores locales establezcan – además de canales de comunicación internacional -, modelos de monitoreo continuo que les permitan gestionar los riesgos asociados a estos delitos de forma eficiente, efectiva y oportuna.
Por último, pero no menos importante, será el trabajo coordinado y continuo entre el sector público y privado, así como con los organismos internacionales en el establecimiento de regímenes Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. Solo así, con el compromiso de todos los actores económicos, se podrán poner en marcha las estrategias necesarias para mitigar, prevenir y controlar la materialización de estos flagelos.