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Analistas 10/01/2017

Un propósito superior

Santiago Castro Gómez
Expresidente de Asobancaria
La República Más
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Empieza un nuevo año y con él la tradicional labor de empezar a trazar los propósitos para el año que recién inicia. Aunque la lista puede ser extensa para el caso de los intereses nacionales en materia económica, quizás uno de los propósitos que puede englobar de manera comprehensiva los principales objetivos macroeconómicos y, en especial, aquellos que permitan el desarrollo del aparato productivo, es acelerar los procesos que conduzcan a elevar de manera expedita los niveles de competitividad. Este esfuerzo, sin duda de largo aliento, debe realizarse desde ya para que sus resultados irriguen a todos los niveles de la sociedad, en especial, sobre aquellos en los que urge superar la pobreza. 

La dinámica reciente y las perspectivas económicas sobre el comportamiento del PIB han sido claras en advertirnos acerca de la necesidad de avanzar con celeridad y de manera decidida en la expansión y diversificación de la estructura productiva, pues el país requiere de ello para alcanzar niveles de ingreso que garanticen un mayor bienestar económico y social. Si bien los estimativos apuntan a que el escenario de crecimiento económico más probable para el periodo 2015-2018 sea cercano a 3% real, algunos escenarios plantean incluso que esta cifra podría ser aún inferior. Por tal razón, implementar desde ya acciones tendientes a aumentar los niveles de competitividad resulta de vital importancia para incrementar de manera considerable y sostenida el crecimiento económico en los años venideros, de forma tal que podamos retornar a nuestros ritmos de crecimiento potencial, en torno a 4%-4,3%.

Los resultados que se dieron a conocer en el último trimestre de 2016 en materia de competitividad no mostraron un cambio radical en cuanto a la posición competitiva y la facilidad para hacer negocios en Colombia. Si bien hay que reconocer que el país ha avanzado en muchos de estos frentes, queda el sinsabor de que los esfuerzos realizados no se han traducido en mejoras acentuadas en las calificaciones sobre competitividad, una situación que también podría explicar parcialmente el hecho de que Colombia se haya mantenido prácticamente inamovible en los más recientes rankings internacionales. 

Según el Índice Global de Competitividad (IGC), en 2016 nuestro país ocupó el puesto 61 entre 138 naciones evaluadas, mientras que diez años atrás ocupábamos la posición 63 entre 122 países. Aunque debe aplaudirse que el desarrollo de los mercados financieros fue el pilar con mayor avance, es necesario encaminar esfuerzos para que otros pilares puedan avanzar de manera contundente, entre ellos, la innovación, las instituciones, la salud y la educación primaria. Por su parte, los resultados más recientes del Doing Business señalaron que Colombia pasó de la posición 53 en 2016 a la posición 51 en 2017 en materia de facilidades para hacer negocios, una mejora marginal que obedeció a factores de orden institucional que vienen afectando distintas dimensiones como la tributaria, el comercio transfronterizo y la protección a los inversionistas minoritarios. 

Si bien no debe desconocerse que se han realizado con relativo éxito estrategias y acciones que inciden en la competitividad, quizás estas no están fluyendo a la velocidad que deberían en un contexto en el que otras naciones vienen haciendo la tarea de manera acelerada y efectiva. Así las cosas, los avances que se deseen obtener en materia de competitividad deberán ser fruto del esfuerzo mancomunado entre el sector público y el sector privado, manteniendo nuestra reconocida estabilidad macroeconómica y persistiendo en los esfuerzos por desarrollar nuestra infraestructura física y seguir fortaleciendo nuestros mercados financieros y crediticios.

Ahora más que nunca resulta imprescindible entender que el fortalecimiento de nuestra competitividad es un propósito superior para propiciar el desarrollo de una nueva Colombia que no solo requiere superar sus rezagos en este frente, sino seguir reduciendo la pobreza y la inequidad, y sentar unas nuevas bases que permitan garantizar crecimientos sostenibles.

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