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La caída en los precios del petróleo implicó cambios trascendentales en el manejo de las cuentas fiscales del país e hizo evidente la necesidad de realizar ajustes importantes en las finanzas públicas. Es innegable que con la aprobación de la reforma tributaria de 2016 se dio un paso muy significativo hacia este objetivo, se redujo la incertidumbre en materia fiscal en las agencias calificadoras de riesgo y se dio un parte de tranquilidad a los mercados internacionales; hechos que se han constituido en una buena noticia para el país y para los inversionistas.
En esta misma línea, en julio la Dian informó que el recaudo bruto acumulado de impuestos nacionales superó la meta propuesta para el primer semestre del año, presentando una variación nominal de 4,7% con respecto al mismo período de 2016. Esta cifra, si bien es positiva, continúa siendo modesta y nos invita a redoblar esfuerzos en materia de gestión de recaudo.
No obstante, y como normalmente ocurre en una reforma tributaria, su implementación conlleva el reto de lograr una implementación armónica, que genere tranquilidad a la administración y a los administrados. Por ejemplo, actualmente son muchos los temas que están pendientes en la reglamentación para clarificar los entendimientos y manejos operativos que deben realizarse en el futuro. Más específicamente, se encuentran en proyecto de reglamentación el régimen tributario especial de las Esal, el impuesto de renta para personas naturales, las diferencias en cambio, y otros de suma importancia en el engranaje tributario, de allí la importancia de acelerar la producción normativa de los aspectos que siguen pendientes.
Adicionalmente, como algunos analistas han advertido, los mecanismos de la reforma resultarían insuficientes para el cumplimiento de algunos o todos los objetivos que se habían propuesto para mejorar la estructura tributaria, cumplir con la regla fiscal en los próximos años, solventar la crisis de la caída de los precios internacionales del petróleo, contribuir a la estabilidad económica de los próximos años y combatir la evasión, el abuso, las estructuras tributarias agresivas y los fraudes fiscales.
Es importante subrayar la urgente necesidad de que el país asuma las medidas y políticas necesarias para superar dichos retos y así optimizar su estructura tributaria, desafíos que hoy continúan pendientes y cuya superación luce hoy imperativa. Uno de ellos, y probablemente el fundamental, es promover un óptimo balance de la tributación entre empresas y personas que contribuya a mejorar la competitividad del sector privado colombiano. Al respecto, debe anotarse que mientras el recaudo del impuesto sobre la renta de las empresas representa 25% del recaudo total en Colombia, en Latinoamérica constituye 16%.
En términos técnicos y de equidad, una estructura tributaria debe focalizarse en generar un correcto equilibrio en materia de carga tributaria entre personas naturales y empresas. Un desbalance en contra del sector empresarial termina desincentivando la inversión privada y obstaculizando el desarrollo de nuevos canales de inversión.
Luce imperativo, además, emplear todos los mecanismos para el control de la evasión, para modernizar la autoridad tributaria, promover el mono tributo, implementar tanto la factura electrónica como el recaudo de impuestos territoriales a través de canales electrónicos y unificar el formulario del Impuesto de Industria y Comercio, ICA. Avanzar en todos estos frentes es una condición sine cua non para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
