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Superando los rezagos en infraestructura

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No es una novedad para el país afirmar que uno de los principales cuellos de botella en materia de competitividad es el rezago en infraestructura, particularmente el relacionado con el componente vial. De hecho, las recientes evaluaciones a nivel internacional arrojan como resultado que el país ha venido perdiendo posiciones en los temas relacionados con logística, transporte y calidad de la infraestructura vial. En efecto, según el Índice de Desempeño Logístico, Colombia presentó un marcado retroceso en los últimos años en la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, pasando de la posición 62 en 2010 a la 98 en 2014 entre 159 países. Estos resultados también se corroboran con el comportamiento del Índice Global de Competitividad, que en su componente de calidad de las carreteras indica una pérdida de 40 posiciones entre 2006 y 2014.

En tal sentido, el paquete de inversiones para el desarrollo vial de los proyectos de cuarta generación (4G) cobra relevancia significativa no solo por su magnitud sino por el espectro regional que abarca. Este programa de obras será uno de los principales elementos que ayudará a impulsar la dinámica de la actividad productiva en un contexto de desaceleración. En efecto, según los estimativos realizados por Asobancaria, las inversiones del programa 4G aportarán cerca de 0,4% en promedio al crecimiento económico colombiano durante el período 2015-2022.

El estado actual sobre el programa 4G indica que varios proyectos de este plan han tenido cierres contractuales ante la Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales preceden a los cierres financieros totales y al inicio de obras físicas. Estos cierres financieros son de fundamental importancia, teniendo en cuenta que el apalancamiento mediante deuda estará entre el 70%-80% respecto a los tamaños de los proyectos, cuya cuantía es significativamente alta con respecto a nuestros referentes históricos. Esto implica que el rol de los financiadores será fundamental y se enfrentará a grandes retos no solo porque el programa demandará ingentes recursos en medio de una alta complejidad en materia de ingeniería, sino también porque se pondrán a prueba los cambios normativos e institucionales que se han llevado a cabo durante los últimos años para mejorar las condiciones de financiamiento en procura de superar muchos de los obstáculos.  

Sin embargo, hay que señalar también que aún se deben afinar muchos aspectos de la estructura de los proyectos en pro de continuar fortaleciendo las condiciones para su financiamiento. Para ello, será necesario (i) evaluar la mejor alternativa normativa para afrontar el consumo de los cupos de crédito por parte de los concesionarios, (ii) contar con la mayor certidumbre sobre la aprobación de la totalidad de las licencias ambientales con anterioridad al inicio de los proyectos y la adquisición predial en las unidades funcionales y así superar uno de los mayores obstáculos que han generado atrasos en los procesos de construcción de la infraestructura, (iii) definir claramente el proceso para la toma de posesión ante los eventos de incumplimiento y (iv) evaluar los alcances que podría traer la Ley de Garantías Mobiliarias para fortalecer las garantías admisibles en procura de la consecución de la financiación. 

No cabe duda que uno de los actores centrales en el apalancamiento de la infraestructura es la banca y de allí la importancia de que se pueda avanzar en aquellos elementos que le permitirán participar dentro de un contexto de mitigación de riesgos. 

El país avanza en el programa más trascendental que en materia de competitividad se haya diseñado en por lo menos 50 años y serán las más asertivas políticas públicas y privadas las que permitirán garantizar su correcta ejecución y éxito. Este será un gran paso hacia los planes futuros de infraestructura que se deben contemplar en el largo plazo si queremos superar los rezagos en materia de interconexión de manera eficiente y transitar por la ruta de la prosperidad y el desarrollo sostenible.
 

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