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Sobreuso de efectivo

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El blindaje que utilizan las estructuras criminales y la corrupción se construyen con base en un ambiente donde predomina el uso desbordado del efectivo. La baja o nula trazabilidad de las transacciones que se realizan por este medio de pago no sólo genera un ambiente propicio para el desarrollo de actividad ilegales sino que contribuye al crecimiento de la informalidad empresarial y laboral. Es por ello que uno de los indicadores líderes en el seguimiento de la política pública en contra de la criminalidad y en favor del desarrollo social se ha encontrado en el sobreuso de este medio de pago.

En el marco de esta problemática, en varios países del mundo se han desarrollado distintas estrategias de política pública para la mitigación de estos efectos nocivos. Una de las principales referencias internacionales se ha presentado en Suecia, donde por medio de las nuevas tecnologías se establecieron las transferencias digitales y gratuitas, disminuyendo el uso del efectivo a niveles de 20% respecto al promedio de los países desarrollados.

Sin embargo, en Colombia el desafío de desmantelar el baluarte de la criminalidad resulta particularmente retador y desafiante desde el punto de vista del sobreuso del efectivo. El uso de este medio de pago en el país duplica el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y supera en alrededor de 50% el promedio en los países de la Alianza del Pacífico.

Ante este contexto aún más adverso, se han venido cimentado estrategias de política pública y privada para mitigar esta problemática. De una parte, ya se incorporó una meta de reducción del uso del efectivo en el país y, de otro lado, se han liderado iniciativas para la apropiación de los pagos digitales con base en juiciosos diagnósticos que eran prácticamente ausentes en Colombia.

En el último Plan Nacional de Desarrollo se instauró el objetivo de reducir, de cara a 2018, la relación entre efectivo y M2 a niveles de un dígito, una meta cuya materialización exhibe aún desafíos importantes. Bien hay que señalar que pese a los avances normativos y académicos de los últimos años, los esfuerzos para la reducción del sobreuso del efectivo se encuentran en una etapa temprana y los resultados que requiere Colombia nos invitan a continuar redoblando esfuerzos en este frente.

La profundización y continuidad en implementación, ejecución y monitoreo de medidas que apoyen la disminución de los elevados niveles de uso del efectivo y, a su vez, promuevan el avance hacia la modernización del ecosistema de pagos, resultan desde luego imperativas. En buena hora, ya se vienen desarrollando algunos proyectos en materia de (i) recaudos públicos, (ii) pagos electrónicos e (iii) interoperabilidad, ejes de trabajo en los que hoy converge el sector público y privado con el objeto de contar con iniciativas que le brinden transparencia y agilidad a estos procesos.

Por tanto, resulta claro que ya no es objeto de debate determinar si en Colombia se debe o no fomentar un ambiente para combatir la criminalidad y la ilegalidad con base en la reducción de unos niveles de uso de efectivo persistentemente elevados. El diagnóstico hoy es claro y de allí que la meta de la política pública, de cara al próximo lustro, consista en darle mayor impulso a las estrategias para avanzar hacia un ecosistema de pagos moderno, eficiente y proclive al desarrollo económico y social de los colombianos.

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