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En materia económica, 2018 parece mostrarse como un año más promisorio. Los principales indicadores que miden el ritmo de la actividad económica comienzan a exhibir una recuperación gradual y la dinámica del precio del petróleo luce más benigna.
No obstante, la profundidad del ajuste visibilizó muchas de nuestras vulnerabilidades ante choques externos de gran magnitud, un hecho que nos invita a mantener el correcto monitoreo de los riesgos externos que aún se ciernen sobre la dinámica local y que hoy se complementan con un panorama político y social desafiante.
Por un lado, tenemos un balance bastante polémico del primer año de gobierno de Trump por cuenta de (i) sus políticas migratorias, (ii) las tensiones geopolíticas que ha mantenido con Corea del Norte y (iii) las consecuencias que pueden derivarse de su recién aprobada reforma fiscal.
Esta reforma, una de sus primeras victorias legislativas y con la cual pretende dinamizar el crecimiento económico y la generación de empleo, recortó significativamente el gravamen para las empresas del 35% al 21%, situándolo por debajo del promedio de la Oecd (24%) y claramente por debajo de los estándares regionales.
Esta situación ha obligado a evaluar la política monetaria en EE.UU., generando gran expectativa en los mercados mundiales de una normalización más acelerada por parte de la Reserva Federal, con sus consecuentes efectos sobre los flujos de capital, el comportamiento del dólar y la dinámica de los activos emergentes.
De otro lado, la incertidumbre política en la región se configura como uno de los principales riesgos para el proceso de recuperación de la actividad económica tanto a nivel global como local. El 2018 será en efecto un año determinante en materia electoral, pues se llevarán a cabo elecciones presidenciales en seis países de América Latina (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela).
Si las tendencias populistas y nacionalistas cogen un segundo aire después de sus derrotas recientes, la inversión en países emergentes podría resentirse, trayendo consigo un aumento de la volatilidad en los precios de los activos.
Bajo este contexto, y con el objetivo de (i) mantener la estabilidad del sistema financiero, (ii) promover el desarrollo del mercado de capitales, y (iii) atraer nuevos flujos de capital extranjero que permitan aumentar la profundidad del mercado, es imprescindible que reguladores, supervisores, agentes e infraestructuras continúen trabajando de forma coordinada en la armonización de la normativa local con los estándares internacionales bajo un correcto análisis de riesgos.
Para ello, el sistema financiero deberá continuar avanzando en el proceso de convergencia a las recomendaciones dispuestas en Basilea III, con particular énfasis en lo referente a los estándares de liquidez y requerimientos de capital para Conglomerados Financieros, este último acompañado de rigurosos análisis en materia de impacto y debidamente consensuado con la industria dados los cambios que supone sobre la estructura del sistema financiero.
Asimismo, no se pueden perder de vista los impactos que la regulación internacional de instrumentos financieros, asociada particularmente a la Ley Dodd Frank en EE.UU., genera sobre los jugadores locales.
El análisis comprehensivo del alcance de todos estos riesgos y los ajustes necesarios para acotar eventuales episodios de volatilidad y evitar que las operaciones del mercado local migren a otras jurisdicciones, es hoy más que nunca un imperativo en el proceso de consolidación de nuestra estabilidad macroeconómica.
