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Retos persistentes

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Santiago Castro - scastro@asobancaria.com

A principios de 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) dio su aval para que Colombia ingresara a este selecto club. El proceso de adhesión, que inició en 2011, incluyó la evaluación de 23 comités y la implementación de más de 50 reformas para alcanzar estándares acordes al resto de Estados miembros. Sin embargo, si bien los últimos reportes de la Ocde destacan el avance que ha mostrado el país en varios frentes, aún se evidencian brechas y retos importantes.

En efecto, los análisis de la Ocde señalan que, pese a que el país ha registrado tasas de crecimiento económico superiores al promedio Ocde y de América Latina, aún persisten retos en materia de sostenibilidad fiscal, impulso a la productividad, formalidad laboral y efectividad en la política social, elementos que han obstaculizado la senda hacia un crecimiento más inclusivo. Muchas de estas observaciones son desde luego asertivas y resultan valiosas para la continua definición de políticas públicas efectivas.

En primer lugar, se destaca la amplia brecha en materia de productividad y competencia, incluso frente a nuestros pares de la región. Los impuestos corporativos, que resultan excesivos incluso bajo las reformas que se están tramitando, son unos de las más altos dentro de los países Ocde. Además, las barreras al comercio exterior, como los altos costos de importación dada la limitada infraestructura y logística, reducen la posibilidad de muchas industrias de lograr una apertura hacia los mercados internacionales.

En materia fiscal, el ingreso del Gobierno (en porcentaje del PIB) no solo depende de fuentes volátiles, sino que se mantiene muy por debajo de los países de la Ocde (26% vs 40%). Este escenario pone la lupa en el desempeño de las cuentas fiscales y recalca la necesidad de aumentar las fuentes de recaudo y mejorar la focalización del gasto, buscando un mayor impacto en productividad y atención a los más necesitados. También se menciona la preocupación por el sistema pensional actual, con niveles de cobertura bajos que requieren con urgencia una reforma para garantizar la disminución de la pobreza en la población más longeva y la sostenibilidad del sistema.

En materia laboral, el país aún presenta altos niveles de informalidad que se deben continuar atacando mediante la reducción de costos no salariales, así como mediante un mayor acceso a educación y entrenamiento de alta calidad que permita la consecución de mejores empleos. Esto último con mayor énfasis en áreas rurales donde los niveles de alfabetización son más reducidos.

Finalmente, sobre el sector financiero, se mencionan de manera asertiva dos temas que han entorpecido la ruta hacia un mayor avance en inclusión y profundización financiera: la inconveniencia regulatoria de las inversiones forzosas que deben mantener algunos establecimientos de crédito y el impuesto a las transacciones financieras (GMF). La exclusión de estas limitantes normativas permitiría facilitar la reducción de costos en el sistema e incentivar la mayor formalización del crédito.

En adelante, la tarea es clara, nuestro ingreso a la Ocde precisa continuar cerrando las brechas que aún persisten, primordialmente en los frentes antes mencionados. El trabajo en esta última década ha sido reconocido y se ha reflejado en una mayor fortaleza económica frente a otros países miembros. Confiamos en que el asiduo trabajo articulado entre el sector público y privado continuará impulsando una hoja de ruta que permita la materialización de un crecimiento más incluyente y duradero.

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