Replanteando el financiamiento rural

La economía colombiana enfrenta un panorama complejo. La difícil coyuntura actual, sumada a las moderadas perspectivas de crecimiento en el mediano plazo, han hecho evidentes los problemas estructurales de nuestro aparato productivo, con particular preocupación los asociados al sector agropecuario. Y es que las soluciones a los profundos obstáculos, rezagos y talanqueras de este sector, muchos de ellos ya sobre diagnosticados, aún parecen ausentes.  

La más reciente herramienta que ha utilizado el Gobierno Nacional para crear un portafolio completo de políticas encaminadas a impulsar el desarrollo de sector ha sido La Misión para la transformación del campo colombiano. Esta Misión realizó un profundo diagnóstico sobre la situación actual del sector en 6 ejes centrales y encontró que el sector rural es un espacio altamente heterogéneo, inmerso en una compleja geografía con distintas conformaciones sociales, un sector polarizado que posee regiones desarrolladas y con fuerte articulación con el sector urbano, en contraste con grandes zonas extremadamente pobres y aisladas.

La Misión, de forma acertada, señaló que la inclusión productiva es uno de los principales retos que se deben encarar con prontitud si como país queremos que la política de desarrollo rural llegue a todo el territorio nacional. Han sido notables los atrasos en los mecanismos de financiación en el sector debido a la carencia de activos productivos (tierra y/o el equipo de trabajo), un hecho que ha limitado el acceso al crédito y se ha constituido como una de las principales barreras para el desarrollo del campo, pues no solo impide un mayor crecimiento económico sino que obstaculiza el proceso de inclusión social de la población rural.

Son precisamente la acciones tendientes a superar las barreras de accesos al crédito las que suponen el primer paso para convertir al sector no solo en motor de crecimiento económico sino en generador de inclusión social, de equidad y de oportunidades. La Misión acierta, nuevamente, en señalar que se debe fortalecer la expansión de las microfinanzas a través de asesores locales, lo cual ha venido siendo implementado por la Banca en varios programas piloto alrededor del país.

Sin embargo, el actual esquema de financiación del sector presenta serias fallas en su diseño institucional que han terminado forzando a la Banca a realizar inversiones poco rentables a través de los llamados Bonos de Desarrollo Agropecuario (TDA), lo que ha incidido en que el crédito disponible se canalice en mayor medida en los medianos y grandes productores.

La Banca debe y puede jugar un papel más activo en el desarrollo que necesita el agro. Sin embargo, para que esto suceda es imprescindible que se flexibilicen los topes a la tasa de interés para los créditos al sector. Los TDA se han convertido, más que un mecanismo de acceso, en una barrera para la masificación del crédito, pues cuando las condiciones financieras para el otorgamiento del crédito al sector se realizan en condiciones similares a las del mercado, los incentivos de la Banca permiten expandir la financiación.

Por otro lado, es necesario acelerar la legalización de predios para que la población rural cuente con activos que les permitan disminuir su riesgo crediticio, así como impulsar la Ley de Garantías Mobiliarias para ampliar los bienes susceptibles a ser empleados como garantías. El Fondo Agropecuario de Garantías debe fortalecerse para respaldar aquellos productores que no poseen garantías con qué respaldar sus créditos.

El país ha comenzado a interiorizar que el nuevo panorama de la economía colombiana entraña serias dificultades para un crecimiento alto y sostenido en la próxima década, todo ello en medio de un eventual posconflicto que encara importantes retos y desafíos en el sector agropecuario. Esta nueva realidad exalta desde luego la importancia de diseñar e implementar las reformas que requiere el país en este frente si queremos darle celeridad al tránsito hacia una Colombia prospera, moderna e incluyente.