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Analistas 08/09/2015

Otra tarea en la agenda de los empresarios ...

Santiago Castro Gómez
Expresidente de Asobancaria
La República Más
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En los últimos 30 años, el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) ha generado fuertes distorsiones y costos en los mercados financieros. Recientemente, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un estudio en donde encontró que son muchas las externalidades positivas en materia económica y social que surgirían sin estos flagelos: (i) el tamaño de nuestra industria podría crecer en $23,7 billones, (ii) el ingreso de los hogares colombianos se incrementaría en cerca de $ 23 billones, (iii) se generarían casi 1,4 millones de empleos y (iv) se podrían abrir cerca de 13 millones de cupos escolares durante un año, entre otras. No en vano, de acuerdo con un estudio presentado por el Banco Mundial en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, las bandas delincuenciales en Colombia perciben ingresos por LA y FT equivalentes al 2% del PIB, una cifra que, sin duda, refleja la magnitud de este problema en el país.

Sin embargo, el sistema financiero colombiano ha venido, de la mano de las autoridades, trabajando sin descanso en la implementación de políticas, medidas y controles tendientes a prevenir y mitigar los riesgos de LA y FT. De hecho, los primeros esfuerzos realizados en el país para reducir los riesgos derivados de estos flagelos, provinieron del sector con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos (Sipla), en el cual se establecieron políticas, procedimientos y lineamientos a seguir por las entidades vigiladas. Esta primera herramienta dio posteriormente paso al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia en 2008, sistema que sirvió de base para que otras entidades de supervisión y regulación emitieran normas referentes en esta materia.

Si bien existe la creencia que el sector financiero es el principal canal por donde transcurren estos delitos, es claro que el sector real no se encuentra exento. De hecho, toda actividad económica se encuentra expuesta a estos riesgos, bien sea por las falencias o debilidades en los controles de ingreso de dinero de actividades ilícitas, que terminan en escenarios de competencia desleal o corrupción, lo que ha llevado a que la Superintendencia de Sociedades cuente con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft).

En la medida en que el país y el mercado han venido asimilando estos riesgos, se ha hecho cada vez más imperativo el trabajo coordinado entre los sectores público y privado, para transformar esta concepción a través de un cambio de cultura. El desarrollo de estos procesos permitirá no sólo dinamizar los avances en este frente, sino materializar los beneficios económicos y sociales señalados. La regulación expedida por la Supersociedades busca que en la agenda de los empresarios existan espacios para establecer medidas preventivas que hagan parte de su cultura empresarial con el fin de evitar que, tanto la empresa como sus directivos y empleados, resulten involucrados en procesos legales o administrativos. No obstante, es necesario que los empresarios “desnarcoticen” el problema y que no pierdan de vista que estos riesgos pueden vincularse con otros, como los de fraude y corrupción, los cuales no solo se presentan en negocios que operan bajo el uso del efectivo, sino que incluso se materializan en negocios que operan con otros medios de pago. 

En síntesis, para luchar en contra de estos flagelos y modificar la cultura empresarial, es imprescindible que se siga la experiencia del sector financiero, la cual está a plena disposición. El reto, entonces, consiste en que los sectores público y privado continúen trabajando de manera coordinada en la expedición de regulaciones como las emitidas por los entes reguladores para lograr un cambio de paradigma y generar, de cara a los próximos años, los beneficios sociales, económicos y culturales asociados a la ausencia de estos flagelos.

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