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Los debates económicos actuales, además de caracterizarse como álgidos, también reflejan la inquietante irrupción de posiciones de carácter populista, aspecto que contrasta significativamente con el consabido respeto que los actores políticos han tenido por la estabilidad macroeconómica a lo largo de nuestra historia. Preocupa que, en los últimos meses desde algunos sectores, se esté impulsando un discurso que, al promover la excesiva regulación de precios y el castigo a la obtención de utilidades, busca socavar los principios básicos de la economía de libre mercado.
Lo anterior se configura como una clara amenaza para la empresa privada y un ejemplo de ello es lo que ha venido ocurriendo con el sector financiero, el cual, a pesar de ser de lejos el más regulado prudencialmente, se ha convertido en el blanco preferido de reiterados ataques. Al respecto, es posible que las instituciones financieras no hayan sido lo suficientemente acertadas a la hora de explicarle a la opinión pública que el buen estado de sus balances le resulta beneficioso al país, toda vez que esto se traduce en una mayor colocación de crédito, en el aumento de la inclusión financiera y en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, condiciones con las cuales sería imposible reducir las brechas sociales que aún existen en Colombia.
Rebatir los supuestos infundados y resaltar el aporte del sector financiero al crecimiento de la economía, la generación del empleo formal y la financiación del sector real, es hoy más que necesario. En efecto, en la última década el ritmo de expansión promedio del sector financiero fue de 6,6%, cifra que casi duplica al del PIB nacional durante el mismo periodo (3,5%). Esto, lejos de hablar negativamente de esta rama de actividad, pone en evidencia que el sector es el mayor jalonador del crecimiento relativo a su tamaño.
Ahora bien, algunos factores como la informalidad y el sobreuso del efectivo han limitado no solo el crecimiento del sector, sino del país. Para hacer frente a estos mayúsculos retos, el trabajo mancomunado del gobierno y las instituciones financieras es indispensable, pues de esa manera se podrá reducir la brecha entre la población rural y urbana en términos de acceso a productos y servicios financieros, así como llegar a los segmentos más vulnerables.
En esta línea, cabe mencionar que los ingentes recursos destinados por las entidades del sector a la innovación han robustecido los ecosistemas de pagos digitales, además de mitigar las amenazas del sistema por medio de equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos. Todo esto ha aumentado la confianza de los usuarios en los nuevos medios de pago, consolidándolos como herramientas para hacer frente a los lastres descritos.
El impulso a un gran acuerdo por la inclusión y la profundización financiera, la implementación de una estrategia transversal en aras de la educación financiera, el apalancamiento de los grandes proyectos de infraestructura, la disminución de los elevados niveles de déficit habitacional en el país y el apoyo a un sector con gran potencial como el agrícola, necesita no solo del continuo compromiso de la banca, sino también del respeto por las reglas de juego que lo rigen.
Que este sea un espacio para reiterar que el compromiso del sector financiero con el crecimiento y la sostenibilidad del país continuará soportado, como no podría ser de otra forma, por la defensa de la transparencia de lo público, la economía de mercado y los valores democráticos.
