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La inconveniencia del billete de $100.000

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Con poca resistencia ha sido recibida la noticia de la creación del billete de $100.000, una medida que se ha venido cocinando desde hace algún tiempo y cuya materialización parece estar adportas. Esta decisión, que no sólo se ampara en el merecido homenaje a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, se soporta en una decisión técnica que responde a factores relacionados con la dinámica de la economía y al avance en determinados frentes de desarrollo que parecen ahora validar su conveniencia. En efecto, una regularidad mundial es que en la medida en que los niveles de PIB per cápita aumentan, también se incrementan las denominaciones y de allí que sea apenas normal que nuestra estructura económica encuentre ahora un espacio para moverse en esta dirección. Desde que se incorporó el billete de $50.000 en el año 2000, nuestro ingreso per cápita ha pasado de US$2.500 a niveles cercanos a los US$8.000 y de allí que, bajo esta métrica, esta iniciativa luzca en principio razonable.

Sin embargo, Colombia tiene en este aspecto algunas particularidades que hacen que, de entrada, esta iniciativa luzca desafortunada. Y es que no sólo terminará promoviendo el uso del efectivo con todos sus efectos adversos sino que terminará constituyéndose como un palo en la rueda adicional en materia de inclusión financiera y bancarización. En este escenario, son varias las razones que hacen que esta medida resulte altamente inconveniente. En primer lugar, facilita el transporte de los dineros ilegales y fomenta por esta vía la ilegalidad gracias a la elevada dificultad para rastrear las transacciones realizadas en efectivo. Lo anterior entorpece el proceso de vigilancia por parte de las autoridades por lo que promueve la realización de actividades ilegales en un país donde el tamaño de la economía que opera por fuera de la ley oscila entre un 1,6% y 3.0% del PIB

Por otro lado, contribuye a dinamizar la evasión en la medida en que termina fomentando el uso del efectivo de transacciones de muy alto valor. Claramente, esta medida no está orientada para el uso del efectivo en transacciones de bajo costo, sino para fomentar, en personas de ingresos altos, el uso de efectivo en transacciones de alta cuantía (finca raíz, vehículos, etc.), lo que resulta proclive a la evasión de las obligaciones tributarias. 

Adicionalmente, el mayor uso del efectivo que terminará estimulando esta iniciativa, promoverá a su vez la informalidad en la economía, que en Colombia se encuentra entre el 30% y el 38% del PIB. Cabe recordar que las transacciones en efectivo impiden en muchas ocasiones que las autoridades puedan verificar los ingresos efectivos de algunas firmas, por lo que los impuestos directos – como el impuesto a la renta – y los indirectos – como el IVA y el ICA – tienden a evadirse.  Esto podría terminar incentivando la permanencia en la informalidad en la medida en que, por esa vía, las cargas tributarias lucen menores.

Finalmente, esta iniciativa resulta ineficiente en términos de reducción de costos de transacción y obstaculiza la inclusión financiera. Si bien es cierto que aquellos quienes defienden la denominación de un billete de 100.000 argumentan que esto contribuye a reducir los costos de transacción (en parte por su menor peso y facilidades de transporte), también es cierto que hoy en día existe un desarrollo de los medios de pago electrónicos (y que cuentan con auditoría fiscal) que permite hacer movimientos de dinero en ausencia de dichos costos.  De hecho, la naturaleza de la transición de los pagos en efectivo a los electrónicos radica  en el ahorro de los costos de transacción asociados. 

En síntesis, aunque son aparentemente loables las motivaciones para la emisión del billete de 100.000, la regulación y las políticas económicas de carácter monetario deben encausarse dentro de un marco de objetivos común. Buscar mecanismos regulatorios y económicos que permitan dinamizar la inclusión financiera, al tiempo que se incorporan otros que la desincentivan, termina siendo una apuesta victoriosa por la descoordinación y el desengranaje de las políticas públicas. El Gobierno y la autoridad monetaria deben continuar focalizando esfuerzos para evitar que Colombia (lejos de parecerse a un país lleno de mariposas amarillas) continúe destacándose por mantener niveles elevados en el uso del efectivo y en la informalidad que rayan con el realismo mágico. 
 

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