Analistas

La Agenda Empresarial

Colombia se encuentra en la antesala de una elección presidencial y, lastimosamente, la discusión en torno a la agenda político-económica de los próximos años continúa estando, salvo pocas excepciones, relativamente ausente. Con el fin de fomentar y ser partícipe de dicha discusión, el Consejo Gremial Nacional publicó el pasado jueves la Agenda Empresarial para el período 2018-2022, un documento que contiene propuestas concretas de política pública que desde el sector privado se consideran estratégicas para avanzar en materia de crecimiento y desarrollo.

El sector empresarial no desconoce la realidad que enfrenta el país. Por este motivo, las acciones planteadas están enmarcadas dentro de las desafiantes restricciones fiscales que surgen de una deuda pública elevada y un débil crecimiento económico. Dichas acciones, además, están en línea con los compromisos que ha adquirido el país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que incluyen, entre otros, el desarrollo empresarial, la reducción multidimensional de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Las estrategias en pro de estos objetivos deben pasar asimismo por reformas institucionales que garanticen el derecho a la propiedad privada y respeten el funcionamiento de la economía de mercado. Un sector privado dinámico y fuerte es condición necesaria para avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de bienestar.

Ahora más que nunca es fundamental que el debate económico gire en torno a las acciones necesarias para impulsar los niveles de competitividad y productividad de nuestras empresas. Colombia sigue presentando importantes rezagos en materia de competitividad respecto a sus países vecinos, una situación que resulta inquietante en la medida en que la productividad es la única fuente de crecimiento sostenido.

De forma acertada, el sector empresarial abordó asuntos que son transversales y que generan externalidades positivas para la actividad económica del país. Se plantean propuestas puntuales en materia tributaria, haciendo énfasis en la necesidad de disminuir la carga impositiva de las empresas para hacerla más acorde con la de los demás países de la región, además de insistir en la importancia de mejorar la administración tributaria para reducir la evasión. Se sugieren además acciones para propiciar la formalización laboral y adoptar cambios en el régimen pensional, cuyo componente público representa una de las causas de la precaria situación fiscal.

Asimismo, se aborda la necesidad de que el Estado provea bienes públicos de calidad, en particular infraestructura, educación y salud, entendiéndolos como elementos necesarios para lograr los apremiantes aumentos en productividad y competitividad y facilitar la integración de todo el territorio al proceso de desarrollo. Adicionalmente, se hacen recomendaciones en torno al uso y propiedad de la tierra, temas críticos no solo para el desarrollo de diversas actividades productivas sino para la mitigación de conflictos sociales. Finalmente, se desarrollan propuestas alrededor de la facilitación al comercio mediante la modernización de normas y procedimientos aduaneros, además de mejoras en logística para el intercambio de bienes y servicios.

Estoy convencido de que este documento no solo será de mucha utilidad para la campaña presidencial que se avecina, sino que será un insumo valioso para la construcción del siguiente Plan Nacional de Desarrollo. Colombia requiere transformaciones profundas que trasciendan los periodos electorales y garanticen el tránsito hacia una economía más próspera, incluyente y sostenible.