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Inclusión financiera y banca digital

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Los avances en materia de inclusión financiera en los últimos años han sido satisfactorios. Por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 la meta consistía en llegar a 68% de la población adulta con al menos un producto financiero, nivel que se superó con un año de anticipación. Lo anterior condujo a establecer objetivos más ambiciosos para el PND 2014 – 2018, el cual establece que la población bancarizada debe alcanzar  84%. Teniendo en cuenta que dicho indicador se ubicó en 77,3% con corte a junio de 2016, emerge el titánico reto de incluir a más de 3,4 millones de personas en tan solo dos años. Una cifra que, además, marginalmente es más difícil de alcanzar, teniendo en cuenta las características propias de la población fuera del sistema financiero. 

Con base en la información de Banca de las Oportunidades, se estima que existe una fuerte asociación entre encontrarse excluido financieramente y pertenecer a los estratos 1,2 y 3. Resulta por ello fundamental diseñar estrategias de inclusión que tomen en consideración las características y necesidades de los estratos medios y bajos, en particular las relacionadas con costos y valor agregado de los productos y servicios financieros, pues allí reside la mayor parte del potencial de la población objetivo.

La banca digital es, precisamente, un aliado estratégico para lograr el objetivo de incluir financieramente a cerca de 3,4 millones de personas, pues ofrecen los productos y servicios financieros costo-eficientes que las innovaciones tecnológicas prometen. Estos productos y servicios permiten el acceso omnipresente, a bajos costos, con altos niveles de seguridad y mejora sustancialmente la productividad. Vale la pena resaltar que la tecnología no necesariamente significa nuevos productos o servicios, también implica el mejoramiento y/o transformación de canales y productos existentes. 

Lograr que se concreten las oportunidades que promete la banca digital plantea retos claves para articular las iniciativas de los actores involucrados. En primer lugar, es indispensable que el sector público garantice que la regulación mantenga un balance entre los nuevos requerimientos del mercado, la estabilidad del sistema y la protección a los consumidores. En particular, es fundamental asegurar los principios de internet abierto y de neutralidad de la red para las aplicaciones del sistema, que hacen posible que las aplicaciones bancarias puedan utilizarse con la mayor eficiencia y velocidad.

En segunda instancia, es preciso mejorar la infraestructura digital del país y facilitar el acceso de la población a los teléfonos inteligentes y a las tabletas. Para ello, se debe asegurar el acceso a redes de telecomunicaciones y conectividad móvil, ya que sin esto es muy poco lo que el mercado puede lograr para llegar a toda la población excluida. La banca tradicional y los nuevos jugadores, por su parte, se enfrentan al desafío de innovar competitivamente y establecer asociaciones constructivas que permitan la creación de soluciones interoperables que faciliten el uso entre los consumidores. Asimismo, deben prepararse para responder a la nueva demanda de manera eficiente pues los nuevos nativos digitales serán los consumidores del futuro. 

Por último, no debemos escatimar esfuerzos en llenar los vacíos en materia de educación financiera y superar ciertos miedos respecto al uso de la tecnología en sus productos financieros. Según una investigación de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, en 2015 solo 12% de los consumidores realizaron transacciones bancarias desde su celular. 

Avanzar en todos estos frentes luce, en este contexto, imperativo si queremos darle celeridad a la inclusión financiera, lo cual es un propósito con innumerables externalidades sociales. En efecto, los beneficios derivados de una población con acceso al sistema financiero no solo han sido esenciales para impulsar el crecimiento económico sino una herramienta fundamental para cerrar las grandes brechas sociales en materia de pobreza y desigualdad.

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