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Hacia un nuevo ecosistema…

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En medio del panorama económico retador del último trienio, una de las buenas noticias de 2017 se relaciona con los avances en materia de pagos digitales. Tanto el volumen como el valor de las transacciones electrónicas registraron un crecimiento notorio (en torno al 30%), una clara señal de que el país ha logrado desarrollos importantes en términos de infraestructura e instrumentos de pago, factores que han permitido que los consumidores financieros estén hoy dispuestos a migrar de las formas tradicionales de pago a soluciones innovadoras digitales.

Sin embargo, pese a estos avances, aún continuamos rezagados frente a referentes regionales e internacionales en la apropiación de medios de pagos digitales. Más allá de la necesidad de focalizar los esfuerzos en el aumento de los niveles de transaccionalidad, se requiere que la política pública continúe eliminando las barreras que impiden la comunicación fluida entre agentes al momento de realizar un pago digital. Esto, sin duda, permitirá configurar un ecosistema eficiente en el que un actor pueda interactuar de manera inmediata y efectiva, minimizando los costos de intercomunicación.

El robustecimiento del ecosistema de pagos digitales colombiano es un destino cuyo arribo depende de trasegar exitosamente por al menos cuatro caminos complementarios. El primero de ellos tiene que ver con garantizar la interoperabilidad inmediata. En un contexto como el actual, en donde los sistemas técnicos a nivel local aún no se comunican en su totalidad en tiempo real, el habilitar en vivo la interconexión de los distintos sistemas es una tarea que no da espera.

Masificar la identidad digital resulta ser un segundo elemento que demanda avances significativos. Más allá de modernizar los mecanismos de autenticación, avanzar en este frente facilita enormemente el relacionamiento y las transferencias entre personas naturales, jurídicas y Gobierno. Esta vía, que se traduce en menores costos y mayor eficiencia operativa y logística, se convierte a su vez en una potente herramienta tanto para la inclusión financiera rural como para la lucha contra la evasión de impuestos.

Todo lo anterior no logrará los resultados necesarios en el corto o mediano plazo si no se continúa fortaleciendo la infraestructura de telecomunicaciones y de redes de internet, un tercer elemento importante en este proceso. Para ello se requieren, por supuesto, avances en materia de cobertura y calidad, dos factores cruciales para garantizar el acceso a los portales de transferencia y la mayor confianza de los usuarios.

De cara a la sostenibilidad de largo plazo, esta hoja de ruta se complementa con un cuarto elemento relacionado con el desarrollo de estrategias robustas en materia de educación financiera y formación tecnológica. Distintos referentes internacionales, algunos de ellos asociados a las experiencias de India y Estonia, exponen los amplios beneficios que genera, desde temprana edad, el hecho que las personas comprendan el funcionamiento de las distintas tecnologías e instrumentos de pago electrónicos y conozcan los enormes beneficios que su apropiación trae consigo. Esto, desde luego, debe ir acompañado de programas de capacitación tecnológica para la población adulta.

El correcto desarrollo articulado y sincronizado de todos estos procesos permitirá definir y monitorear la configuración óptima de un ecosistema de pagos que responda a las necesidades particulares del mercado local. Avanzar en todos estos frentes es hoy un imperativo si queremos estar en pagos digitales a la vanguardia de los estándares internacionales.

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