Analistas

El parte de tranquilidad que esperamos

En 2013, la economía colombiana registró un crecimiento de 4,9%, un resultado atribuible en buena parte al buen comportamiento del sector minero energético (con precios del petróleo superiores a los US$100 por barril). Este dinamismo económico incrementó el Presupuesto General de la Nación (PNG) hasta en 3,3 puntos del PIB por cuenta de las rentas petroleras, lo que permitió ampliar el gasto público a tasas cercanas al 9%. No obstante, la caída en los precios internacionales del petróleo a partir de 2014 trajo consigo una nueva realidad. Las perspectivas económicas para este año nos hablan de una economía expandiéndose a tasas cercanas al 2,3%, un sector minero en franca crisis y una expansión del gasto público que difícilmente superará el 2% debido a que durante 2015 los ingresos fiscales por rentas petroleras fueron prácticamente nulos.

Las cifras presentadas el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2017, como era de esperarse, hicieron evidente la nueva situación fiscal, un hecho que generó, como también se descontaba, cierto descontento en algunos sectores. Sin embargo, lo cierto es que las capacidades presupuestales del Gobierno han cambiado y el PGN se perfila en gran medida, acorde con las realidades. En efecto, en términos nominales, y en línea con los compromisos que ha adquirido el Gobierno en materia de austeridad, el presupuesto del Gobierno (sin deuda) pasará de 19,2% a 18,8% del PIB en 2017. 

Aun en este nuevo panorama, vale la pena resaltar, por ejemplo, el compromiso con la inversión en educación, cuya participación ha venido creciendo en los últimos años y que por segundo año consecutivo concentra los mayores recursos (20 de cada 100 pesos del presupuesto). El país ha interiorizado la importancia de la educación como motor de crecimiento y de allí que, aun en medio de situaciones fiscales adversas, mantenga unos niveles de inversión proclives a continuar avanzando en el cierre de esta gran brecha. 

Sin embargo, también hay que señalar que, aun pese a que el PGN aprobado se ajusta a las restricciones actuales, no dejan de preocupar las menores partidas en inversión en sectores como el Agropecuario, donde la provisión de bienes públicos resulta primordial no solo para el eventual proceso de posconflicto sino para su competitividad en los próximos años. Este hecho, desde luego, reviste importancia dado el protagonismo del agro en el anhelado proceso de recomposición sectorial. 

Adicionalmente, preocupa el continuo incremento en el rubro pensional, un aspecto al que tendrá que dársele una pronta solución en aras de garantizar la sostenibilidad fiscal. Hay que precisar, y en esto hay que ser enfático, que el PGN se queda corto para garantizar la anhelada estabilidad fiscal (ahora en los ojos de las agencias calificadores), pues los niveles de deuda continúan incrementándose mientras los ingresos futuros dependen de la materialización de una reforma tributaria.

Es imperativo, en este escenario, que además de la reducción del gasto, los esfuerzos del Gobierno deban ir encaminados a la presentación y aprobación de una reforma integral que permita solventar los ingresos faltantes, al tiempo que promueva la inversión y la generación de empleo formal. Una reforma tributaria verdaderamente progresiva y amigable con los sectores productivos, que incentive la inversión privada en aquellos sectores transables como la industria y el agro, de la mano de una correcta priorización del gasto, es sin duda el único camino para comenzar a solventar los enormes cuellos de botella en materia fiscal.

En síntesis, si bien el PGN 2017, a pesar de algunos recortes inquietantes, se ajusta a la nueva realidad, en donde la reducción del gasto debe considerarse como una de las medidas tendientes a garantizar la sostenibilidad fiscal, será el alcance de la próxima reforma tributaria el que permitirá dar el parte de tranquilidad que los colombianos venimos esperando.