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Delitos informáticos, una lucha constante

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El rápido avance de la tecnología ha sido partícipe en la masificación de un sin número de beneficios económicos y sociales, pero aún así su vertiginoso desarrollo ha traído también nuevas y crecientes amenazas. Asuntos relacionados con ciberdefensa, ciberseguridad, ciberdelito, cibercriminales y ciberviolencia, entre otros, han tomado recientemente especial relevancia y los retos continúan siendo enormes. 

Uno de los mayores desafíos radica en que los cibercriminales operan en diferentes países, lo que facilita el ocultamiento y la impunidad de sus acciones. Según un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Symantec, en 2013 los costos por cibercrimen superaron los US$113.000 millones. Se destaca el caso de Brasil, donde alcanzaron los US$8.000 millones, seguido por México (con US$3.000 millones) y Colombia (con US$464 millones).

En este contexto, el Gobierno ha venido trabajado decididamente en el fortalecimiento de un marco institucional que permita enfrentar los riesgos cibernéticos. Con la expedición del documento Conpes 3701 en 2011 se definieron los lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa y se robustecieron las capacidades del Estado en estos asuntos. Sin embargo, los desafíos todavía persisten. Es por esto que el Gobierno se encuentra trabajando en un nuevo documento de política que dé continuidad a lo establecido en 2011. 

Desde el punto de vista empresarial, a pesar que existe la creencia de que el sistema financiero es el más expuesto ante estos delitos informáticos, lo cierto es que son otras industrias las más atacadas. De acuerdo con la OEA, gobierno y energía son los dos principales sectores que sufren ataques destructivos por amenazas, seguidos muy de cerca por el sector de comunicaciones. Si bien el sector financiero cuenta con una infraestructura robusta e invierte cuantiosos recursos económicos y humanos para proteger sus sistemas de información y sus datos, resulta de vital importancia que todas las industrias comprendan que no están exentas de los riesgos informáticos y tomen medidas oportunas.

Este riesgo, naturalmente, también trasciende al individuo. Según el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, las víctimas más afectadas por estas conductas criminales son las personas naturales, que concentran más del 70% del total de las denuncias. Lo más relevante es que la gran mayoría de las personas no son víctimas de ataques informáticos avanzados. En efecto, los ataques de los delincuentes no se centran en las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, sino que suelen atacar las fragilidades del usuario y de allí que los delitos por estafa sean los más tipificados.

El país debe continuar interiorizando el uso responsable de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El cuidado de los datos personales se torna imprescindible, un hecho para el cual la educación financiera resulta fundamental. Y en esto hay que ser reiterativos. De nada sirve que se instalen las mejores herramientas de seguridad en ausencia de niveles mínimos de confidencialidad en el manejo de la información personal. 

Esta mayor educación financiera debe ir de la mano con el fortalecimiento de los procesos de investigación y judicialización de los delitos informáticos. Si bien ha habido avances con la Ley que tipificó dichos crímenes en 2009, algunas conductas penales relacionadas con el uso de tecnologías de información son incipientes. También es importante avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los encargados de juzgar estas conductas ya que estos delitos, tal y como están consagradas en la Ley, no son sencillos de entender.

La banca, comprometida en esta lucha, continuará trabajando en el desarrollo de una cultura alrededor de los riesgos en el uso de los medios informáticos y las buenas prácticas para mitigarlos. La tarea, sin embargo, no es sencilla y será primordial que como país continuemos avanzando con mayor celeridad en este frente.

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