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Blindaje cibernético

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La sociedad actual está inmersa en una nueva era digital que se caracteriza, principalmente, por la creciente conectividad, una realidad que ha transformado las comunicaciones y ha facilitado el desarrollo del mundo transaccional. Esta nueva era impone sendos y singulares retos a los mercados, debido a que las constantes innovaciones presionan tanto a empresas como a individuos a optar por la integración tecnológica como método de estandarización y unificación de procesos en pro de la eficiencia.

No obstante, con las valiosas oportunidades que genera la conectividad y la creciente exposición al mundo digital se han originado también importantes desafíos. En efecto, las distintas vulnerabilidades de las herramientas que interactúan en los procesos de integración tecnológica han dado pie a crecientes riesgos derivados de los ataques cibernéticos, riesgos que no solo amenazan la seguridad y los derechos de los usuarios, sino la confianza en el mundo transaccional, un activo crucial para el desarrollo de los mercados. Este fenómeno, que ha tenido infortunadamente un crecimiento exponencial en los últimos años, ha contribuido al desarrollo de la criminalidad.

La creciente exposición a los delitos cibernéticos se convierte así, dada su naturaleza transversal, en una prioridad que no resulta ser exclusiva de sectores aislados del mercado, sino de la sociedad en general en la medida en que permea a casi cualquier ciudadano de manera directa o indirecta. Esta realidad señala la importancia de generar un trabajo coordinado y asertivo entre los sectores productivos y el Gobierno para favorecer el buen desarrollo de medidas que gestionen efectivamente los ciberdelitos, una figura criminal cuyos alcances tienen el potencial de afectar la estabilidad económica y productiva.

En este sentido, el país debe seguir avanzando de forma decidida en tres frentes que resultan hoy cruciales en los procesos de mitigación y control de riesgos. El primero se relaciona con el marco normativo. En este aspecto, se deben secundar medidas que establezcan normas para proteger la información y los datos que se alojan en sistemas informáticos, además de regular el almacenamiento, uso y tratamiento de los datos personales de todo tipo de individuo por parte de las instituciones públicas y privadas.
El segundo frente se relaciona con la necesidad de afianzar la cooperación entre países, dado el aspecto transnacional de los delitos cibernéticos.

Resultó oportuno, en este escenario, la adhesión del país al Convenio de Budapest, un acuerdo internacional que busca facilitar la judicialización del cibercrimen mediante esquemas de cooperación entre países y que les permite a las autoridades colombianas perseguir el cibercrimen bajo estándares y criterios internacionales.

El tercer frente de trabajo se relaciona con la cultura de la prevención y denuncia de los delitos informáticos. La conciencia respecto a la responsabilidad de quién accede al mundo digital no resulta ser desde luego un tema menor, de allí que el cuidado de los datos por parte de todos los usuarios se constituya en uno de los grandes imperativos.

El país, hay que señalarlo, ha realizado esfuerzos valiosos en la lucha contra el cibercrimen. Sin embargo, las nuevas formas y cambios que va adquiriendo este flagelo demandan continuamente de políticas que busquen establecer marcos normativos y acciones consistentes que permitan avanzar en su mitigación. Vamos por buen camino, pero la realidad del nuevo mundo transaccional nos exige continuar focalizando esfuerzos en este propósito.

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