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Analistas 06/06/2017

Algunos imperativos…

Santiago Castro Gómez
Expresidente de Asobancaria
La República Más
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Para contrarrestar el proceso de desaceleración y estimular la demanda, el Gobierno Nacional socializó, en el marco de la Convención Bancaria, unas medidas de política pública acertadas en materia de vivienda que, sin duda, al impulsar los encadenamientos que genera en sectores clave como el de la construcción, parecen estar bien encaminadas para retomar la confianza que tanto demanda el país. En este sentido, será clave la celeridad de su implementación para alcanzar a materializar una mayor senda de crecimiento en 2017 y 2018.

Sin embargo, para reconfigurar los cimientos que propicien un crecimiento económico sostenido e incluyente para los próximos lustros, se requieren, ineludiblemente, un par de reformas adicionales a la ya de por sí imperante en materia de ajustes al gasto público -como lo he señalado en este espacio en ocasiones previas-. Si bien el menú de frentes por reformar es particularmente amplio en medio de tantas necesidades, buena parte de las reformas pueden requerir implementaciones costosas, engorrosas y extensas, que pongan en riesgo la materialización de sus beneficios en el mediano plazo.

Por fortuna, dentro del suministro de opciones de reformas también existen algunas de implementación sencilla, dentro de las cuales quiero destacar dos en particular. La primera tiene que ver con la transformación digital y sus benévolos efectos sobre la inclusión financiera. Para avanzar en este sentido con prontitud, urge reformar la manera como se permite la participación de las soluciones digitales mediante una regulación que mantenga un justo balance entre los nuevos requerimientos del mercado, la estabilidad del sistema y la protección a los consumidores.

En este frente, la banca digital es un aliado estratégico que permitirá dinamizar la inclusión financiera al ofrecer acceso omnipresente, altos niveles de seguridad y, principalmente, bajos costos en las mejoras en la productividad no solo para los nuevos productos y servicios, sino también para el robustecimiento de los ya existentes. Para ello, el compromiso del Gobierno en la profundización de la economía digital es hoy un gran imperativo.

La segunda está asociada a ese anhelado impulso a nuestro sector rural que permita revolucionar el actual accionar en materia de intensificación en pro- yectos productivos de corto plazo, hoy caracterizado por bajos niveles de sofisticación técnica y bajo capital humano, un verdadero lastre para la explotación del verdadero potencial de nuestro campo. Por tanto, se hace necesario el diseño de una estrategia integral de acompañamiento a los productores rurales, dotándolos de asistencia técnica especializada gratuita en materia de producción y comercialización de bienes y servicios rurales.  Esto, desde luego, será vital para la configuración de proyectos rurales más competitivos, afines con la vocación de la tierra y las cadenas productivas. 

Para lograr este propósito, se requerirá contar con un Sistema General de Información Rural que permita mapear, dimensionar y caracterizar la oferta y demanda de bienes y servicios rurales junto con sus potencialidades y oportunidades de mercado. Esto facilitaría a su vez la estimación de los riesgos de los proyectos rurales, una premisa básica para aumentar la irrigación de créditos en este sector.

Bienvenidos los esfuerzos para estimular sectores tan importantes como la vivienda y la construcción, pero necesarias y urgentes también son estas sencillas e imperativas reformas que permitirán potenciar una estructura social y económica que sustente nuestro desarrollo en los años venideros.

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