Alertas tempranas

La acentuada polarización política es un fenómeno que ha irrumpido con fuerza en los últimos años en no pocos países y que ha transformado la interacción entre los gobernantes y los electores. Como resultado, el centro político se ha debilitado frente a polos opuestos fortalecidos. En efecto, en el caso colombiano, llevamos tres elecciones presidenciales donde ninguno de los partidos tradicionales ha llegado a la segunda vuelta.

La radicalización de los discursos y las crecientes exigencias de las clases medias han llevado a que los partidos políticos, so pena de ver mermada su representación en las diferentes entidades gubernamentales, opten por modificar sus agendas y apoyar propuestas que, aunque populares, resultan perjudiciales para la población que en principio buscan favorecer.

En este contexto y, como consecuencia, se empieza a vislumbrar en el país una peligrosa tendencia en la que, desde diversos sectores, se ponen en entredicho principios básicos que deben caracterizar a las instituciones, e incluso, al sistema de economía de libre mercado. Sobre esto último, son ilustrativas las medidas propuestas en el congreso contra el sector financiero.

En el marco de la aprobación de la Ley de Financiamiento, el país vio cómo abrumadoramente se determinó el establecimiento de una tarifa diferencial sobre el impuesto de renta a las instituciones financieras bajo el pretexto de que estas obtenían grandes utilidades. Lamentablemente, en dicho debate prevalecieron las posiciones altisonantes sobre principios como la equidad horizontal o el análisis de los efectos negativos que tendría dicha medida sobre la inclusión financiera de la población más vulnerable.

En sentido similar, recientemente en la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de Ley 050 de 2018 que establece la eliminación de costos de servicios financieros entre los que se encuentran las cuotas de manejo cobradas en cuentas de ahorro, tarjetas débito y crédito, los cobros por retiro en cajeros, entre otros. Al respecto, preocupa sobremanera que desde el legislativo se desconozcan los costos de una industria y se promuevan mecanismos de control de precios que distorsionan su formación y limitan la oferta de productos. Al intervenir en este mercado, algunos legisladores también parecieran soslayar que la competencia debe ser la principal directriz en las economías de libre mercado.

Asimismo, el proyecto de Ley 053 de 2018, tendiente a modificar la Ley de Habeas Data, refleja que ciertas propuestas legislativas adolecen de fundamentos técnicos. Esto pues una medida de este tipo más que beneficiar a los usuarios del sistema financiero, afectará la oferta de productos, el apalancamiento de los hogares y empresas y la gestión de riesgos.

Todas estas medidas sientan precedentes peligrosos que, dicho sea de paso, no están pasando desapercibidos por los inversionistas. Los cuestionamientos a las reglas de juego y la generación de riqueza empiezan a calar en segmentos de la población que ven con infundada desconfianza no solo al sector financiero, sino también al privado en su conjunto. Igualmente, se está poniendo en evidencia que algunos sectores están dispuestos a privilegiar los réditos políticos sobre el bienestar social que, paradójicamente, dicen defender. Hacer caso omiso de alertas tempranas como las que hoy vemos en Colombia ha llevado a otros países al colapso, por lo que es necesario que desde los diferentes estamentos reflexionemos sobre el rumbo que está tomando el debate económico, antes de que sea demasiado tarde.