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Ha transcurrido un mes desde la decisión adoptada por Nicolás Maduro de suspender las garantías constitucionales en el Estado de Táchira y cerrar la frontera, primero por 72 horas; luego, en forma indefinida. A renglón seguido, emprendió un viaje al Asia con una numerosa comitiva para asistir a un desfile militar en Pekín, y solicitarle un crédito al gobierno de China, pagadero en exportaciones de petróleo.
En años anteriores, Hugo Chávez manifestaba el mal humor interrumpiendo las exportaciones o expropiando empresas colombianas. Esta vez, se han deportado a centenares de familias colombianas, con brutalidad premeditada; se ha estimulado un clima de xenofobia oficial y se han movilizado destacamentos militares a la frontera. Con el ánimo de provocar un incidente internacional, aeronaves de la Fanb han violado el espacio aéreo colombiano.
Los esfuerzos iniciales por lograr un acuerdo a través de los canales diplomáticos resultaron infructuosos. El régimen venezolano enfoca el diferendo fronterizo como un problema militar que da motivo para anunciar compras de armamentos. Para la Cancillería de San Carlos, el tema prioritario es la violación de los derechos humanos de las personas expulsadas de manera masiva y las consecuencias humanitarias del éxodo de residentes del otro lado de la frontera.
La actitud de algunos gobiernos latinoamericanos ante la crisis humanitaria ha sido vergonzosa. Mientras circulaban imágenes de familias desplazadas cruzando la frontera con sus enseres, Cristina Kirchner protestaba por el hecho de que se expulsaran a inmigrantes, pero de Europa. Las cleptocracias autoritarias comparten complicidades que prevalecen sobre los derechos humanos.
La violencia uniformada y la retórica oficial revelan el comportamiento de un gobierno manejado por maleantes, que trata de perpetuarse creando conflictos externos. Resulta instructivo constatar que ese gobierno cuenta con la simpatía de las Farc, del ELN y del elefante. La exacerbación de la tensión fronteriza ha servido como cortina de humo para encubrir la escandalosa condena de Leopoldo López en un proceso judicial de estirpe estalinista. Esa condena ha recibido el repudio del mundo civilizado. De este sentimiento se apartan los voceros de Unasur y del régimen castrista.
Los ideólogos del Socialismo del Siglo XXI parecen haber llegado a la conclusión que, para el sistema que están tratando de imponer, resulta desestabilizadora la vecindad de una nación donde prevalezcan las instituciones democráticas, las libertades individuales y la economía de mercado. Eso explica la insólita lista de aspiraciones que han formulado para reabrir la frontera: que Colombia suprima la libertad de prensa, elimine la libertad cambiaria y desmantele los fundamentos de su sistema económico.
La dosis de represión, caos económico y degradación social que Maduro, Cabello y sus secuaces le están aplicando a Venezuela permite augurarle un final deplorable a la Revolución Bolivariana. Mientras eso sucede, es poco lo que se puede esperar respecto a la relación bilateral, más allá de un esquema de coexistencia precavida similar al que existió entre el gobierno de la República Federal Alemana y el régimen comunista de la República Democrática Alemana hasta 1990.
