Analistas

Confusión en La Pampa

GUARDAR

Rodrigo Botero Montoya

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha iniciado su gobierno haciéndose cargo de problemas heredados y tratando de mantener delicados equilibrios. En el frente interno, intenta conciliar su posición de peronismo moderado con la versión de radicalismo pendenciero que representa Cristina Kirchner, la vicepresidenta.

Hasta ahora, está por definirse cuál de las dos actitudes va a prevalecer en la conducción gubernamental. Al tiempo que requiere la colaboración del empresariado nacional para promover la inversión, necesita el apoyo de un partido en el cual siguen vigentes añoranzas estatizantes.

En el frente internacional, Fernández dispone de escaso margen de maniobra mientras trata de llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda soberana argentina sin antagonizar el nacionalismo beligerante de algunos de sus copartidarios.

La situación económica de Argentina era frágil antes del choque causado por la aparición del covid-19 y la necesidad de establecer una cuarentena generalizada. La economía estaba en recesión, la inflación era del orden de 50% anual y el país había perdido acceso a fuentes de financiamiento externo distintas al Fondo Monetario Internacional. El nivel de endeudamiento externo, como proporción del PIB, era elevado.

Algunos de estos problemas constituyen la herencia dejada por los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. Otros son consecuencia de décadas de inestabilidad política y manejo económico errático que han conducido a crisis cambiarias, devaluaciones y destrucción de riqueza. Los argentinos se han acostumbrado a desconfiar de su moneda y ahorrar en dólares. Dentro de este contexto, el gobierno ha hecho una oferta a los acreedores para renegociar su deuda externa y tratar de evitar un default.

En un escenario positivo, Alberto Fernández aprovecharía la popularidad que ha adquirido con el manejo de la crisis sanitaria para reinsertar a la Argentina en el mundo e implementar un ambicioso programa de reformas. Éste incluiría un acuerdo concertado con los acreedores para reestructurar la deuda externa; un plan de estabilización que permita atraer la inversión, crear empleo, reducir la inflación, vigorizar la actividad económica y crear las condiciones para tener acceso a fuentes de crédito internacional.

Esto le permitiría mantener relaciones comerciales y diplomáticas normales con países cuyos gobiernos no compartan su orientación ideológica. Todo lo cual supone que lograría hacer prevalecer su criterio al del sector más recalcitrante de la coalición de gobierno.

En un escenario menos favorable, el gobierno decidiría replegarse sobre los reflejos condicionados modelo años setenta: proteccionismo a ultranza para ‘vivir con lo nuestro’; proliferación de controles de precios y congelación de tarifas de servicios públicos; régimen de cambios diferenciales y un sector financiero deprimido por la imposición de tasas de interés negativas; desorden fiscal y monetario; y un manejo macroeconómico incompatible con el de las democracias industrializadas.

En materia internacional, se adoptaría una actitud conflictiva y resentida encaminada a atribuirle al mundo exterior la culpa por el atraso tecnológico y la decadencia. De la forma como se resuelva este dilema dependerá la trayectoria de la economía argentina en los próximos años.

Más columnas de este autor
LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.

GUARDAR
MÁS LR

Agregue a sus temas de interés

MÁS LR

Agregue a sus temas de interés