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El reconocimiento más grande para un jurista debería ser el de ejercer en un país constituido bajo el imperio de la ética, la democracia y la justicia y alcanzar la dignidad de magistrado o ministro. Vemos la importancia en los países democráticos donde ser juez o magistrado están reservados para las personas de mayor trayectoria, amplio conocimiento jurídico, lo que les reviste de gran prestigio.
Es común ver las primeras páginas de los periódicos en los países democráticos que tienen los tres poderes independientes: ejecutivo; legislativo; y judicial; cómo los jueces y los magistrados son los garantes de la justicia más allá de los procedimientos. Para ellos lo más relevante son los principios, el sentido común y el criterio para dar prioridad a lo importante.
Colombia tiene memoria de juicios y de decisiones trascendentales de importancia histórica, así como de grandes juristas de la historia reciente como fueron Alfonso Reyes, Manuel Gaona, Carlos Medellín, Emiro Sandoval, Ricardo Medina y Darío Velásquez, asesinados por el M-19 y de los también asesinados por el narcotráfico Hernando Baquero y Carlos Valencia o los ministros de justicia Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra. Pareciera que el rumbo de la política actual quisiera borrarlos de ese importante lugar en la memoria del país, como lo hicieron con los monumentos de varios héroes, libertadores y hasta artistas.
Así mismo, fuimos testigos de los momentos donde los magistrados empezaron a alardear de las decisiones ante la opinión pública, para convertirse en vedetes de farándula, priorizando la popularidad de sus veredictos y conceptos convenientes la ley. Dicha situación se agravó con la Constitución del 91 que ordenó una cantidad de nuevas cortes, aumento considerable de los magistrados y presupuestos que entre salarios, empleados, carros y lujos convirtió a Colombia en un referente de lo que no se debe hacer en esta materia, dado que la lucha de poderes y vanidades han llevado al país a un estado de impunidad sin precedentes y a una avalancha de jurisprudencias alejadas del equilibrio jurídico y de las necesidades de una sociedad mestiza y pluricultural. Caso reciente de la prohibición de la pesca deportiva, por un lado, y la autorización del aborto por otro.
Entre muchos casos absurdos, que se constituyen como el pan de cada día, fue el que llegó a la Corte Constitucional debido a la mora injustificada de un juzgado en Barrancabermeja sobre una denuncia de acceso carnal abusivo a una niña de siete años, quien durante once años esperó respuesta, pero la víctima, ahora con 21 años, no puede presentar recursos y su expediente se encuentra desaparecido. Según la fiscalía, de todos los casos abiertos, el 94 % están en indagación sin imputación de cargos; el 5,3 % están en juicio; y solo el 0,5 % (405 casos) aparecen con condena (datos 2020*).
Si el país quiere el cambio, este es uno de los mas importantes. Sin embargo, ¿qué se puede esperar en un contexto de jueces con sed de fama, congresistas sin ética o con ausencia de coraje para transformar la justicia y alcanzar ese cambio estructural? Sumado a esto, unos jóvenes confundidos que creen que el modelo venezolano-cubano con recursos y estilo ruso son el modelo del cambio; la tarea es ayudar inteligente y pacíficamente a una buena comprensión.
*El Tiempo Tres absurdos judiciales en procesos por violencia contra las mujeres, octubre 30 de 2020