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Presento mi renuncia irrevocable por motivos de índole personal. Con la diplomática frase de siempre, el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, anunció su retiro del cargo. Un hombre decente y especialista en la materia al que la alcaldesa desgastó. Más allá de los rumores, el propio funcionario, haciendo gala del tacto que lo caracteriza, dejó entrever las razones de su partida. Frente a los micrófonos, admitió estar cansado.
La verdad es que aguantó mucho. Es complejo para un perfil como el suyo resistir a una administración que todos los días cambia de postura frente al manejo del orden público en la ciudad y que, además, decidió graduar a las instituciones de enemigas. Su dimisión obliga a una lectura de fondo sobre los desatinos de la capital en el manejo y contención de la tremenda crisis que atraviesa. La culpa no ha sido de Acero.
En su carta de despedida, el exsecretario manifiesta su apoyo o, por lo menos, su buena relación con la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Las mismas tres organizaciones a las que Claudia López solo culpa y critica. Textualmente señala que junto a ellos “entregaron todo para proteger y acompañar en las calles a los bogotanos”. Sus palabras son clara muestra de la enorme grieta que los separa.
Mientras la alcaldesa no ha hecho más que despreciar el trabajo en equipo, quien fuera la cabeza de su oficina de seguridad, convivencia y justicia entendía que apoyarse en las herramientas legitimas del Estado era lo adecuado. Hoy, cuando Bogotá está sitiada, queda en evidencia que nadie lo escuchó. En las calles, los que mandan son los vándalos que cada noche ponen en jaque la libertad y el bienestar colectivos. Como si fueran los dueños de aquello que pertenece a todos, bloquean ilegalmente con cables las vías y terminan apagando vidas.
Los discursos complacientes son taquilleros, pero pasan factura. Ahora, los criminales, sin el mínimo temor a la autoridad, se jactan de estar listos para atacar buses de Transmilenio que lleven pasajeros dentro. La permisividad con el vandalismo acabó por anular los derechos de la sociedad. Primero pasó en Cali y, al parecer, los que siguen son los bogotanos. Los buenos están arrinconados, casi que secuestrados en sus cuadras, en sus barrios. La gente se está acostumbrando a vivir en sumisión. ¡Grave!, ¡muy grave!
El secretario de seguridad tiró la toalla con justa causa. A muchos, como a él, les cuesta entender los vaivenes de una Mandataria que con frases incendiarias una mañana acusa a los policías de agredir civiles, pero la tarde siguiente llora por los uniformados que en su momento intentaron quemar vivos. Es casi imposible descifrar a una dirigente que esperó más de un mes de muertes y billonarias perdidas para decidir, entonces, tomar medidas frente a las manifestaciones.
No hay experto que soporte tanta falta de coherencia ni pergaminos que no se diluyan ante los constantes tumbos. A gritos, la ciudadanía reclama una política de seguridad que deje de comportarse como una veleta. Como vamos, este pulso lo va ganando la anarquía.
Ojalá al ex viceministro Aníbal Fernández de Soto, quien llega a ocupar tan importante cartera, sí lo escuchen. Ojalá a él sí lo dejen trabajar y no lo espanten.
