Expropiación, ‘coco’ viejo y desdentado

Los precios de la comida siguen rompiendo bolsillos. Productos como la arveja, el fríjol, la zanahoria, el tomate o el limón, incrementaron su valor hasta en 40% en comparación con el año pasado. Por otros como las chatas de carne, el brócoli, el maracuyá y algunos tipos de papa, se está pagando hasta el doble.

Por supuesto, hay factores que afectan los precios de la comida a los que no se les puede dar manejo desde Casa de Nariño: la disrupción en las cadenas globales de valor causadas por la pandemia, el inesperado incremento de los fletes de carga marítima y la guerra en Ucrania, por ejemplo.

Pero sí se podrían asumir políticas nacionales que atenuaran este golpe en la lista del mercado: formalizar la propiedad rural, fomentar la producción de fertilizantes e insumos, reducir los costos de intermediación e incentivar la tecnificación y mecanización del campo, son componentes de la necesaria reforma rural que debe implementar el futuro Presidente de Colombia.

Sin embargo, cuando se habla de reforma rural se activa la manipulación retórica para asustar a la opinión pública con una figura antiquísima en la ley colombiana como la expropiación.

Lo primero que hay que decir es que el gran expropiador de los últimos años ha sido Iván Duque. ¡Y menos mal! De lo contrario, ¡cómo podría avanzar en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial!

Lo segundo: la figura de la expropiación solo procede cuando la Agencia de Tierras debe ejercer sus funciones en beneficio del interés colectivo. Es decir, cuando necesita comprar una finca con condiciones específicas para dotar de tierras a campesinos y la negociación con el vendedor fracasa. O cuando la Agencia Nacional de Infraestructura debe construir una autopista y el propietario de un predio afectado se niega a vender. Par de ejemplos.

El proceso de expropiación siempre se hace ante un juez de la República y existe, en materia de tierras, desde 1961.

Pero hay una tercera claridad incluso más elocuente sobre este asunto y es que la política de adquisición (o expropiación si fracasa la compra) para dotar de tierra a los campesinos, es una estrategia ineficiente y tremendamente costosa.

Para hacerlo claro: el déficit de tierras en el país es de aproximadamente 3 millones de hectáreas. Para comprarlas se necesitarían $12 billones, si el valor promedio de la hectárea es de $4 millones -sin contar con los costos de personal, notariales y de registro-, y las variaciones de valor según la zona y condiciones del predio.

Además, la negociación es dispendiosa, se hace predio a predio, intervienen varias instituciones, no puede masificarse, y si fracasa la negociación se debe acudir ante un juez, lo que haría que el proceso superara cualquier periodo presidencial.

En cambio, un trámite de adjudicación de un baldío de la Nación, que es tierra del Estado, cuesta en promedio entre $2,5 millones y $3 millones si se hace de manera masiva. Lo mismo que formalizar la finca de una familia campesina.

Si se invierte $1 billón en un programa masivo de formalización y adjudicación, se podrían legalizar 300.000 predios privados y se adjudicarían otros 34.000 baldíos más (a razón de 100 hectáreas en promedio cada uno) para suplir el déficit de tierras.

Formalización y adjudicación resultan, a todas luces, mecanismos más eficientes, menos costosos y menos conflictivos que la compra y la expropiación, una figura vieja pero ineficiente.

Es simple matemática: frenar el aumento de los precios y aumentar la producción de comida será el lógico resultado de la defensa de la propiedad privada con baldíos adjudicados y predios formalizados.