Los independientes no pobres: la población olvidada

Mauricio Santa María S. Presidente de Anif - Carlos Felipe Prada L. - Ekaterina Cuéllar K. Mauricio Santa María S. Presidente de Anif - Carlos Felipe Prada L. - Ekaterina Cuéllar K.

En nuestros últimos informes propusimos políticas de protección al ingreso y el empleo de los trabajadores ante la difícil coyuntura que generó el SARS-CoV-2, algunas de estas coincidentes con las decisiones del Gobierno Nacional y que se tradujeron, hasta el momento, en dos programas principales: (i) protección a la población más vulnerable a través de giros extraordinarios de los programas sociales (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor), la devolución anticipada del IVA, el ingreso solidario y otras transferencias de apoyo social, cuyo costo es de $4.2 billones (0.4% del PIB), según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (ii) protección a los trabajadores asalariados formales bajo el Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF (Decreto 639 de 2020).

Ese último programa, que fue similar a nuestra propuesta del Comentario Económico del Día 30 de abril de 2020, le otorga un aporte mensual a las empresas que tuvieron caídas en los ingresos por al menos 20% respecto al año 2019 (sin consideraciones de tamaño o sector económico) durante 3 meses (mayo-julio). Este aporte será equivalente al 40% de 1SML (aproximadamente $350.000/mes) por cada trabajador por el cual se haya cotizado a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Los cálculos iniciales del Gobierno mostraban que el PAEF beneficiaría a unos 5.5 millones de trabajadores, con un costo total de $5.8 billones (0.5% del PIB), ver Comentario Económico del Día 13 de mayo de 2020. Teniendo en cuenta las solicitudes de varias instituciones, el programa se amplió para las personas naturales que tengan a su cargo más de 3 trabajadores, bajo la condición de cambiar su estatus tributario a persona jurídica, una vez reciba el apoyo. Con esta modificación ahora se estima que los beneficiarios ascienden a cerca de 6.3 millones y el costo a $6.6 billones (0.6% del PIB).

Si bien todas estas medidas, con las que estamos plenamente de acuerdo, van en la dirección correcta porque protegen los ingresos y el empleo de algunos trabajadores colombianos, aún existe un grupo de la población que no ha sido visible para la política pública y por lo tanto no ha recibido transferencias monetarias por parte del Gobierno Nacional: los trabajadores por cuenta propia o independientes que no se consideran parte de la población vulnerable. En ANIF, consideramos que esta población se compone de los trabajadores por cuenta propia que cotizan al sistema de salud o que devengan ingresos iguales o superiores a 1SML.

Por esa razón, en este Comentario Económico proponemos un mecanismo de apoyo enfocado en esos trabajadores. Recordemos que poner en práctica esta política es fundamental para evitar que se aumente el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Los trabajadores por cuenta propia también necesitan un apoyo monetario urgente que mitigue la pérdida de ingresos que tuvieron desde el inicio de la crisis. Con esto, el Gobierno Nacional completaría su estrategia de apoyo a los ingresos y el empleo, que cubriría probablemente a la totalidad de la clase media.

Como veremos más adelante, la implementación de esta política tendría dos efectos importantes: (i) agilizar la reactivación económica a través de un mayor consumo de los hogares; y (ii) avanzar en la formalización tributaria, teniendo en cuenta que el acceso al programa requerirá del registro ante la DIAN de una parte de estos trabajadores, específicamente de aquellos que no cotizan al sistema de salud y, por lo tanto, no son identificables en la PILA.

¿Cómo funcionaría el programa?

A nivel global, cerca de cuarenta países implementaron políticas dirigidas a los trabajadores independientes ante el impacto que provocó el SARS-CoV-2, entre ellos se destacan: (i) Francia y Alemania, con una compensación por las pérdidas de ingreso reportadas en 2020 respecto a lo declarado en 2019; (ii) Bélgica, con una revisión en el pago de impuestos de los trabajadores independientes con ingresos inferiores a los proyectados en la declaración preliminar; y (iii) Estados Unidos, con un giro de US$1.200 a todos los trabajadores (cuenta propia incluidos) con ingresos anuales hasta por US$75.000.

En el caso de Colombia, sugerimos el diseño de un mecanismo de reposición del ingreso para los trabajadores por cuenta propia por parte del Gobierno Nacional, similar al reciente PAEF. El apoyo mensual también sería equivalente al 40% de 1SML (aproximadamente $350.000/mes) y tendría una duración de 3 meses. El acceso al programa estaría limitado a los trabajadores por cuenta propia que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

(i) Cotizar al régimen contributivo de salud (3.2 millones de personas, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2019). Esta condición será fácilmente verificable a través de la información de la PILA.

(ii) Devengar ingresos equivalentes o superiores a 1SML y no cotizar al sistema de salud (1.4 millones de personas), pues aquellos con ingresos inferiores probablemente ya hacen parte de una de las estrategias de apoyo social. Es importante resaltar que, a manera de incentivo, este grupo de beneficiarios tendrá que ser visible ante la DIAN y por lo tanto se deberá hacer un registro de la información básica en esta institución. Aquí los incentivos son similares a los definidos bajo el PAEF para el acceso de las personas naturales con la condición del posterior registro como personas jurídicas.

De esta manera, el Programa de Apoyo a los Trabajadores Cuenta Propia (PATCP) cubriría a cerca de 4.6 millones de personas y tendría un costo mensual de $1.6 billones (0.2% del PIB), es decir, el costo total del programa sería de $4.8 billones (0.5% del PIB). Las actividades económicas predominantes en las que trabajan este grupo de personas son: agricultura, confección de prendas de vestir, construcción de edificios, comercio y mantenimiento de vehículos, comercio al por mayor y al por menor, transporte terrestre, actividades de servicios y comidas, actividades jurídicas y de contabilidad, lavanderías y servicios de peluquería.

Al incluir a esta población, la estrategia de protección al ingreso compuesta por las primeras medidas de apoyo social ($4.2 billones) y el PAEF ($6.6 billones) tendría un costo total de 15.7 billones (1.5% del PIB). De esta manera, la pérdida de ingresos laborales de los trabajadores ($12.5 billones entre marzo-mayo), que calculamos en nuestro Informe Semanal 1503, estaría cubierta (ver gráfico adjunto). Es importante recalcar que este escenario depende de la velocidad del reinicio paulatino de las actividades económicas. Si en junio no se han reiniciado completamente, la pérdida de ingresos laborales sería mayor y los programas de transferencias del Gobierno Nacional serían insuficientes.

Conclusión

El Gobierno Nacional adoptó medidas para proteger el ingreso de una parte de los trabajadores: los más vulnerables y los formales. En ANIF, consideramos que esta estrategia podría complementarse con el diseño de un programa de apoyo a los trabajadores por cuenta propia que no han sido visibles para la política pública. Para esto, se propone complementar el PAEF con un programa específico para los trabajadores por cuenta propia que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: ser formales (cotizantes a salud) o que devenguen ingresos equivalentes o superiores a 1SML. Esta medida cobijaría a 4.6 millones de trabajadores y requeriría recursos por $4.8 billones (0.5% del PIB).

Lo anterior tendría un doble efecto positivo: (i) darle mayor soporte a la reactivación económica por el lado del consumo de los hogares, lo cual resulta clave al tener en cuenta la desaceleración que registró el PIB en el primer trimestre del año (1.1% vs. 2.9% un año atrás); y (ii) avanzar en la formalización tributaria de una parte de los trabajadores por cuenta propia.