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Elaborado por Mauricio Santa María, presidente de Anif; en colaboración con Carlos Felipe Prada y la Investigadora Erika Schutt de la Universidad de Miami
El Gobierno Nacional implementó una serie de medidas con el objetivo de compensar directamente el choque negativo sobre los ingresos de los hogares colombianos, ante la emergencia ocasionada por la propagación del SARS-CoV-2. Se destacan: (i) giro adicional para los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción; (ii) aceleración de la devolución del IVA a un millón de hogares; y (iii) implementación de un giro solidario para los hogares que no fueron beneficiarios en las dos primeras estrategias.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las cifras oficiales, la suma de estas medidas estaría alrededor de $1.8 billones y, según nuestros cálculos, los ingresos laborales de los hogares más vulnerables se han visto afectados en $6 billones (entre marzo y abril) y podrían ascender a $12.5 billones de prolongarse el aislamiento preventivo hasta mayo (ver Informe Semanal 1503), consideramos que todavía hay espacio para construir una política más amplia de transferencias monetarias. De esta manera, se logra mitigar mucho más la pérdida del ingreso de los hogares, incluyendo a más personas que también han sido afectadas, que no han sido objeto de ninguna transferencia y que requieren alivio económico.
En ANIF consideramos que esta nueva política pública tiene que ser más amplia y debe tener un mayor número de beneficiarios. Es necesario iniciar un debate sobre la implementación de un esquema de giros semi-universales (no para la totalidad de la población colombiana sino para determinados individuos) que permitan enfrentar choques, con mayor rapidez, como la propagación del SARS-CoV-2.
Por esa razón, en este Comentario Diario profundizamos sobre esa propuesta, que hicimos anteriormente en el Informe Semanal 1502, para que el país, inicialmente y dada la emergencia actual, implemente una Renta Básica Semi-Universal (RBSU) por una única vez, para mitigar esa pérdida de ingreso laboral de los hogares más vulnerables.
El contexto de la propuesta
La rapidez de la propagación del SARS-CoV-2 y sus efectos en la economía llevaron a algunos países a implementar una medida para enfrentar el choque de la pérdida de ingresos y sus efectos en el consumo de los hogares y el PIB: el giro de emergencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, Japón y Hong Kong (China) se hizo este giro de una sola vez por US$1.200, US$900 y US$1.300, respectivamente (equivalente al 2.1%, 2.4% y 2.7% del PIB per-cápita).
Características de la renta básica semi-universal de emergencia y por una única vez en Colombia.
Nuestra propuesta es entregar una RBSU por una única vez, dada la pérdida de los ingresos laborales a causa de la emergencia del SARS-CoV-2. Consiste en una transferencia monetaria a los hogares pobres, pero también a aquellos que tienen alta probabilidad de caer en la pobreza. Semi-Universal porque no se le daría a toda la población sino únicamente al grupo elegible definido.
Proponemos que estos elegibles sean personas con las siguientes características:
(i) Afiliados al Régimen Subsidiado en salud mayores de 16 años. En este grupo de personas se incluye a población pobre, algunos desempleados, asalariados informales y trabajadores por cuenta propia con educación secundaria.
(ii) Trabajadores asalariados formales (por cotización a salud) que devenguen menos o el equivalente a 1 SMLV.
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2019, este grupo elegible equivale a 17.900.000 personas, de las cuales 15.600.00 son de la primera categoría y 2.300.000 de la segunda.
Se propone realizar el giro por un monto de $450.000, equivalente al 2% del PIB per-cápita (en línea con los montos de Estados Unidos y Japón) y al 75% del ingreso laboral promedio (mensual) de los trabajadores afiliados al Régimen Subsidiado. De esta manera, el programa tendría un costo total de $8 billones (aproximadamente).
Teniendo en cuenta que los giros proyectados por el Gobierno Nacional para atender la emergencia, entre devolución del IVA ($0.375 billones) y el resto ($1.39 billones), suman alrededor de $1.8 billones, el monto total de las transferencias monetarias incluida la RBSU llegaría a $9.8 billones. Esta cifra sería equivalente al 78% de la perdida de ingreso laboral ($12.5 billones), que identificamos en nuestro Informe Semanal 1503, si los efectos del virus se sienten hasta mayo (ver Gráfico 1).
Como se puede ver todavía hay un espacio considerable para contrarrestar los efectos negativos de la propagación del virus y este giro de emergencia podría ser la herramienta para mitigarlos. Sin aplicar ningún otro giro extraordinario, la brecha entre lo que perderían los trabajadores y las transferencias del gobierno sería de aproximadamente $10.7 billones.
¿Qué pasaría si la RBSU se convierte en un programa social del Estado?
Una de las lecciones que nos dejará el SARS-CoV-2 es que el Gobierno Nacional tiene que estar preparado para reaccionar de manera masiva, eficiente y oportuna si los ciudadanos enfrentan choques en el ingreso, tal y como está sucediendo en este momento. Reconocemos que los giros extraordinarios a los programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, compensación del IVA e Ingreso Solidario fueron una respuesta muy importante en un tiempo corto. Pero ¿qué pasaría si el Estado, en lugar de tener todos estos programas que tienen distintas poblaciones objetivo, cambia de estrategia y promueve que la RBSU de emergencia se convierta en un programa único y recurrente y, así, enfocar los esfuerzos en una sola iniciativa en lugar de varias? Sería una estrategia más eficiente, simple y transparente.
En ANIF consideramos que las condiciones están dadas, una vez superado el SARS-CoV-2, para que el país adopte medidas profundas, drásticas y de largo plazo para proteger a los ciudadanos más vulnerables. En ese sentido, además del giro de emergencia por el virus, que propusimos anteriormente, consideramos que se debe abrir el debate para implementar la renta básica, recurrente o periódica, que cobije a todos los colombianos de ingresos bajos y medios, tal y como los definimos en la sección anterior. Esto significa que la RBSU se implemente formalmente como programa del Estado.
Los beneficios serían múltiples. Primero, al tener un programa de esta escala, el Gobierno Nacional generaría incentivos para que toda la población informal pueda ser visible ante las entidades públicas y se cuente con su información para reaccionar a tiempo en épocas de emergencia. Hoy en día uno de los cuellos de botella para apoyar a la población vulnerable es que no se cuenta con la información necesaria para identificar a todos los beneficiarios del giro y su información bancaria. Esto quedó en evidencia con los programas de devolución del IVA y el Ingreso Solidario. Recordemos que el giro de emergencia que se aplicó en Estados Unidos y Japón se pudo hacer rápidamente porque el Gobierno tenía toda la información para hacer la transferencia inmediata o para enviar los cheques a cada una de las casas de los beneficiarios. Segundo, nos evitaríamos cometer errores de inclusión o exclusión de algunas personas, debido a que los programas actuales están diseñados para grupos específicos de la población. Tercero, los beneficiarios no dependerían de una encuesta, únicamente de los requisitos que planteamos en la sección anterior.
Para que este programa pueda implementarse completamente, es fundamental que todas las personas, sobre todo las potenciales beneficiarias, declaren su actividad económica y por lo tanto sean visibles ante la DIAN. Hoy en día solo 3 millones de pesonas naturales declaran renta. Es momento que todos los colombianos vayamos construyendo una cultura de formalización tributaria y de pago de los impuestos. Se trata de ser visibles ante las instituciones del Estado, porque la única manera de tener éxito en este tipo de intervenciones, como la RBSU, es que los beneficiarios estén completamente identificados.
Antecedentes de la Renta Básica
La discusión sobre la Renta Básica, incluso antes de la propagación del virus, se ha venido dando tanto en los debates académicos como dentro del diseño de la política pública. Su carácter, a diferencia de nuestra propuesta, es universal. Es decir, incluyen a toda la población y no establecen requisitos de entrada al programa. Estos análisis se han motivado principalmente por los avances en tecnología, la inteligencia artificial y la automatización del trabajo debido a que vienen siendo una amenaza latente para algunos trabajadores. Por esa razón, los gobiernos y académicos han comenzado a replantearse los esquemas de redistribución de ingreso, como las transferencias condicionadas o focalizadas y, enfocarse en un solo programa de transferencias como la Renta Basica Univesal (RBU). Por ejemplo, el Gobierno Español anunció recientemente que implementará este programa como política pública del Estado. Adicionalmente se están desarrollando más de 20 experimentos alrededor del mundo tratando de evaluar los posibles efectos de una política universal de transferencias [ver Hanna y Olken (2018)[1] y Schutt (2020)[2]].
Conclusión
El choque en los ingresos laborales que están sintiendo los hogares, a causa de la propagación del SARS-CoV-2, podría llegar a $12.8 billones al finalizar el mes de mayo, de acuerdo con nuestros cálculos. Aunque el Gobierno Nacional implementó rápidamente una serie de medidas, todas encaminadas a transferencias monetarias, todavía el espacio para contrarrestar los efectos del choque es bastante amplio ($10.7 billones). Por esa razón, proponemos que se haga un único giro de emergencia denominado Renta Básica Semi-Universal para que se apoye a cerca de 18 millones de personas, que involucra a la población del Régimen Subsidiado en Salud y a los trabajadores asalariados formales hasta 1 SMLV. El valor de este giro sería de $8 billones y permitiría mitigar los efectos del virus en el ingreso de los hogares.
Así mismo, llamamos la atención sobre la posibilidad de que el programa de RBSU se convierta en una política pública recurrente. Cabe reafirmar que el mundo se está moviendo en dirección de la renta básica. Mas allá de la inteligencia artificial, la automatización del trabajo, ahora el virus evidencia la necesidad de implementar un esquema de protección a largo plazo y que sea garantizado para los ciudadanos. Sin lugar a duda, el SARS-CoV-2 ha traído un desafío sin precedentes a la sociedad y a los gobiernos de todos los países del mundo. Se han tomado medidas radicales y acertadas en virtud de proteger la vida de los ciudadanos. Sin embargo, como ya se mencionó, estas medidas deben ir acompañadas de políticas económicas y sociales igualmente radicales que les permitan a los hogares, a quienes se les está impidiendo generar ingresos y quienes se van a demorar en recibirlos nuevamente, tener acceso a ellos.
1 Hanna, Rema, and Benjamin A. Olken. 2018. “Universal Basic Incomes versus Targeted Transfers: Anti-Poverty Programs in Developing Countries.” Journal of Economic Perspectives, 32 (4): 201-26.
2 Schutt, Erika. 2020 “A Quasi-Experiment for Universal and Unconditional Cash Transfers: Evidence from Remittances in Colombia”, SSRN. University of Miami.
