El inexorable declive del campo

Hace medio siglo el sector agropecuario representaba casi la tercera parte de la producción total de bienes y servicios en Colombia. Dicho de otra manera, uno de cada tres pesos del ingreso total tenía origen en actividades agropecuarias. La ruralidad colombiana se veía también reflejada en el peso que tenía la población que habitaba esas zonas. En efecto, la mitad de los colombianos vivía en áreas rurales.  Consecuentemente, las instituciones atadas al poder rural, como la SAC y la Federación de Cafeteros, eran pilares fundamentales de la gobernabilidad. Incluso otros poderes, como el del Partido Conservador-que en Colombia ha estado muy vinculado a los terratenientes-y  el de la Iglesia, jugaban un rol de primer orden en el devenir político nacional. En ese contexto, también nacieron las Farc, una guerrilla de origen campesino. 

Medio siglo después la foto de la relevancia rural es bien distinta. En términos de su aporte a la producción nacional, su participación es ahora de sólo 6%.

El porcentaje de población que habita en el campo ha caído a la mitad y sus instituciones les han cedido el terreno a otras que representan poderes económicos más pesados en la nueva arquitectura productiva local. El declive de la guerrilla campesina va también de la mano con la caída en importancia del sector. 

Evidentemente la decadencia en la relevancia económica del campo y del porcentaje de la población que alberga es un fenómeno universal y de hecho se ha dado incluso con mayor vigor en otras latitudes. Por ejemplo, en Corea, en ese mismo medio siglo la actividad pasó de representar 40% del PIB a poco más de 2% y la población rural pasó de 72% a 16%.   

La política agropecuaria-o más bien la ausencia de una política agropecuaria-ha estado en el centro de los debates públicos en Colombia durante el último año. El paro cafetero y el campesino del año pasado pusieron al campo en la portada del país. Buena parte de la ciudadanía se sintonizó con las protestas y el gobierno arregló el problema con la única solución de corto plazo que podía satisfacer a los marchantes, es decir, con subsidios. A la par con las ayudas, contrató una misión rural y un censo agropecuario que darán, esos sí, una mirada y unas propuestas pausadas sobre el rol del Estado en el sector, el diseño institucional y los caminos que habríamos de recorrer en el futuro.

Pero los paros, los subsidios, la solidaridad urbana con los campesinos o un rediseño de la institucionalidad gubernamental del sector, no podrán ocultar una realidad inescapable: el declive de la actividad agropecuaria, medida respecto a otras actividades de la economía, es inexorable.

 Pelear contra esa realidad inescapable no puede, sino terminar en una mala asignación de recursos públicos que en lugar de enfocarse en las actividades que rendirían mayores réditos sociales irían a tratar de frenar un tren en bajada. 

Eso no quiere decir que no debamos repensar la estrategia agraria gubernamental. Tampoco quiere decir que mantengamos en el olvido a la población rural que sigue representando la cuarta parte y que es más pobre y menos educada que su contraparte urbana. Pero debemos tener presente que si bien el campo tiene futuro, el futuro no está en el campo. Tengamos eso claro para no rasgarnos las vestiduras cuando al final de cada año nos cuenten que el crecimiento del sector estuvo por debajo de los otros.  Es una ley aritmética: si el sector va a tener menor importancia relativa, crecerá menos que el promedio de la economía.

Twitter: @mahofste