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Analistas 28/08/2018

Lucha anticorrupción

Marc Eichmann
Profesor MBA Universidad de los Andes
Analista LR
La República Más

La Consulta Anticorrupción del domingo pasado se quedó corta en menos de 500.000 votos para su aprobación, lo cual solo tendrá como consecuencia que sus promotores no puedan cantar victoria desde el ámbito partidista. El caudal electoral de más de 11,6 millones de votos manda un mensaje claro de la población, hastiada por este fenómeno.

Independientemente de la opinión de muchos radicales que le echan la culpa del fracaso al Centro Democrático y hasta al presidente Duque, el no haber pasado el umbral tiene mucho que ver con el diseño imperfecto de la consulta.

En lo que representa un bullying en cualquier medio social, la Consulta enfiló sus críticas hacia el legislativo, cuando los ejemplos de corrupción más impactantes se encuentran en la rama ejecutiva y en la rama judicial.

La rama ejecutiva es hoy responsable de gran parte de los escándalos de corrupción. Desde el escándalo de Reficar, que es tal vez el ejemplo de corrupción donde más fondos estatales se han dilapidado, pasando por los sobornos de Odebrecht y el caso Corficolombiana, hasta el derroche de mermelada del Gobierno Santos, que puso a Fonade, la institución por excelencia de contratación del Estado, en manos de los ñoños, la rama ejecutiva ha sido el foco principal de la corrupción dada su capacidad de ejecutora del gasto público. No sobra mencionar aquí la corrupción que se presenta en las CAR, o en la contratación que se hace desde los municipios y las gobernaciones, amparadas en muchos casos por las contralorías regionales que están al servicio del mandatario de turno.

En cuanto a la rama judicial, el escándalo del cartel de la toga ilustra cómo, desde los estrados más importantes de nuestro sistema, el cáncer de la corrupción ha permeado nuestras instituciones. Una queja que se repite entre los abogados litigantes concierne la corrupción de menor nivel, la de los secretarios de juzgado que piden mordida para trámites menores que son invisibles para los jueces. Sin sistema judicial funcional, la corrupción de las demás ramas es difícilmente controlable.

Otra conclusión manifiesta en los resultados de la consulta fue la manera irreflexiva en la que fue votada por la población. Si bien es entendible la dificultad de votar en contra de un punto anticorrupción, algunos de ellos eran suficientemente polémicos para que tuvieran más de 1% de voto negativo. Por ejemplo, el punto número cuatro, que propuso que los presupuestos de inversión de la nación fueran definidos, no por los técnicos estudiados del DNP, sino por consultas populares que han demostrado ser manejadas políticamente, era a toda luz inconveniente en la lucha contra los corruptos. La aprobación de este punto por tal mayoría demuestra que, si bien los votantes aborrecen la corrupción, no hicieron un esfuerzo reflexivo para entender la manera en que hay que atacarla.

Por último, independientemente de que la votación no pasó el umbral, la lucha apenas comienza. Como ciudadanos, es hora de empezar a ejercer un control sobre los corruptos, segregándolos y castigándolos socialmente, de que tomemos el rol del estudiante de colegio que denuncia la copialina del compañero, independientemente de que en muchos casos no solo sea un comportamiento aceptado sino también vitoreado. Desde ahí, más que desde las urnas, es que podemos ir limpiando el país de la corrupción.

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