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Analistas 05/12/2017

Lecciones de Venezuela

Marc Eichmann
Profesor MBA Universidad de los Andes
Analista LR

La situación económica para algunos venezolanos es más que complicada. La falta de alimentos, medicamentos y, sobre todo, de libertad, aqueja a gran parte del pueblo patriota. El patrimonio de las familias venezolanas y su ingreso disminuye día a día ahora que la tasa de cambio no oficial alcanzó más de 100.000 bolívares fuertes por dólar, llevando el salario mínimo a US$2, cuando en julio de 2017 era de aproximadamente US$10. En todo caso una miseria.

Sin embargo, la situación macroeconómica del país vecino no da para que los venezolanos sufran así. A pesar de que recientemente Venezuela y su petrolera estatal, Pdvsa, hicieron default en su deuda externa, su producto interno bruto por habitante sigue siendo un 25% superior al de Colombia, gracias a la renta petrolera. En otras palabras en promedio un venezolano aun gana más que un colombiano.

El gran problema venezolano no es entonces que el país no produzca plata, sino que el dinero no está llegando a todos sus habitantes. El dinero que produce el país, sea legalmente o ilegalmente, está quedándose exclusivamente en los representantes privilegiados del régimen. Además de los miembros del gobierno y sus amigos cercanos, en Venezuela se están lucrando aquellos que el chavismo necesita para mantenerse en el poder, los militares y los jueces. Prueba de esto es el reciente nombramiento del mayor general Manuel Quevedo como ministro de Petróleo y nuevo presidente de Pdvsa y, del almirante Maribel Parra como vicepresidente.

En cualquier caso, el nombramiento de Quevedo, cuya hoja de vida no exhibe experiencia alguna relacionada con la industria del petróleo, siembra dudas sobre los ingresos futuros del país que se encuentra en su nivel más bajo de producción de los últimos 28 años. Como es de esperarse, la petrolera ha estado plagada de corrupción para beneficiar a miembros del chavismo y los militares, con la firma, entre otros, de más de US$35.000 millones contratos fraudulentos, con la silenciosa complicidad del aparato judicial.

La raíz de la mayoría de estos problemas está en la falta de respeto de la institucionalidad del país. Cuando el poder militar, judicial, legislativo y ejecutivo se amangualan para beneficio propio, no hay quien haga contrapeso a las iniciativas de corrupción que los funcionarios del régimen realicen, con las consecuencias descritas anteriormente. Si bien estas situaciones se han visto frecuentemente en el continente latinoamericano con dictaduras de derecha, el fenómeno últimamente se ha presentado más con caudillos que, empoderados con un discurso populista de izquierda en el que prometen beneficiar a los menos favorecidos, traicionan al pueblo y se apoderan del bienestar de los suyos con descaro absoluto.

Si bien en Colombia estamos lejos de tener un régimen como el de Maduro, sí hay señales en extremo preocupantes que no pueden ignorarse. La politización de las altas cortes y los escándalos de corrupción que las aquejan, la interpretación desalineada y entrometida del presidente Santos a la votación de la jurisdicción especial para la paz y la utilización de la mermelada por parte del ejecutivo para subyugar al Congreso, no son un buen augurio para Colombia. La sensatez de las Fuerzas Armadas colombianas es, en este momento, la garantía más sólida para que no se repita en el país la triste historia venezolana.

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