El gobernante que no prefiero

El senador Petro, en un reciente contrapunteo en Twitter, me expresaba que la finalidad de gobernar es repartir recursos a los menos favorecidos. El contexto de la discusión era el de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el control del tamaño del Estado, referido a su gestión en la alcaldía de Bogotá.

Comparto con el Senador el objetivo que deben tener los gobernantes de traer bienestar a sus gobernados. Todo gobernante, de izquierda, centro o derecha, debe anteponer los intereses de sus gobernados a los propios o los de terceros afiliados a él. Los funcionarios no pueden cruzar las fronteras de los conflictos de interés, apropiándose de los recursos del Estado, utilizando el poder para ganar popularidad o comprometiendo la gobernabilidad de sus sucesores. Esto, que parece muchas veces tan lejano en nuestros funcionarios públicos, ya sea de la Rama Judicial, el Legislativo o el Ejecutivo, es básico para que la sociedad descarte a la mayoría de los aspirantes a los puestos públicos.

El segundo criterio para elegir un buen funcionario es que, además de ser ético, entienda un mínimo de cómo funciona el mundo. El cuello de botella para traer más bienestar a la sociedad está en que produzca más y mejores bienes y servicios. Si una sociedad no crece económicamente no hay manera de generar más bienestar, no hay dinero para construir infraestructura, no hay de donde implementar programas sociales ni para invertir en buena educación y salud. En otras palabras, si no producimos más, no hay modo de que recibamos más.

Lo que complica las cosas es que, en el contexto global en el que nos encontramos, existe una competencia entre los diferentes países por llevar bienestar a sus habitantes. Si yo produzco bienes y servicios más competitivamente voy a ser capaz de que mi sociedad produzca más y crezca. Voy a generar empleos de mejor calidad. Van a llegar más impuestos para que el gobierno pueda hacer más.

Es crítico entonces que los dineros públicos se utilicen con extremo cuidado. Cualquier dinero que recaude el sector público debe ser invertido mejor y con mayores rendimientos de lo que lo invertiría el sector privado. Debe ir a infraestructura competitiva, a educación que, a diferencia de la nuestra, genere profesionales requeridos a nivel mundial, no por su baja paga sino por su alta calidad, a un sistema judicial que funcione o a estrategias para que nuestros productos y servicios sean competitivos internacionalmente y, no a crecer el gasto de funcionamiento del Estado. Si no es así, no se debería recaudar.

Desgraciadamente, la mayoría de nuestros funcionarios no entiende el entorno global y se equivoca día tras día en sus decisiones. En vez de implementar políticas sofisticadas que construyan valor, nos han dejado, a lo largo de los años, con un sistema judicial que poco funciona, con una infraestructura que da pena, con un sistema educativo incapaz de responder a las necesidades del mercado y con la manía de regalar los fondos públicos para ganar popularidad. Recogen fondos del sector productivo y no crean valor con ellos, no prestan el hacha, ni cortan madera. Estos son los funcionarios que nos mantienen en el atraso, apoyando marchas contra el progreso y vanagloriándose de una falsa sensibilidad social. Hoy generan pobreza desde la derecha y la izquierda, a nivel local y nacional.