¿Jueces o manzanillos?

Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Ahora resulta que, en Colombia, el activismo judicial se ha convertido en la continuación de la política por otros medios. Lo que no se logra en el debate público, en el plano de las ejecutorias y en los resultados electorales se obtiene mediante acciones y fallos judiciales. ¿Para qué planes de gobierno y tesis políticas si hay tutelas, indagatorias, demandas, denuncias e investigaciones que sirven para la mismo? Siempre habrá un juez resentido, un magistrado protagonista o un fiscal despistado que se preste para impulsar, de manera consciente o no, la agenda política de algún grupo de interés.

O si no pregúntele a Peñalosa, quien ha visto durante su gestión cómo los jueces dicen saber más sobre flujos de pasajeros, procesamiento eficiente de biomasa, emisiones de carbono, diámetros de capa asfáltica y transformación urbana que los expertos más reconocidos del planeta. (Quizás todas estas cosas forman parte del pénsum del programa nocturno de derecho de alguna universidad de medio pelo y hasta ahora nos estamos enterando).

O pregúntenle a Uribe, quien es el objetivo de una ofensiva judicial sin precedentes -tiene, según revista Semana, cincuenta y nueve procesos en la comisión de acusaciones y en la Corte Suprema- promovida por grupos de izquierda que buscan vengar los éxitos de la seguridad democrática, aunque es claro que a este combo la justicia le importa un bledo: durante años justificaron el asesinato y el secuestro con el peregrino argumento de que se trataba del daño colateral de una revolución necesaria.

O a Santos, en contra de quienes intentan impulsar investigaciones, en cuanto foro judicial y administrativo se les ocurre, por las razones más baladíes; inventándose delitos que no existen e impulsando falsas narrativas asociadas a supuestos actos de corrupción que nunca se dieron. La idea, por supuesto, no es obtener justicia sino destruir uno de los legados políticos más importantes del último siglo, desprestigiando a su autor, sin importarles las consecuencias sobre la economía, la reputación internacional del país y el futuro de la paz.

Convertir al derecho en un instrumento de la política, no le hace ningún favor al derecho y mucho menos a la justicia. Más bien resulta en la creación de un engendro abominable: la política judicializada y la justicia politizada. Aunque los alquimistas modernos que residen en los departamentos de derecho constitucional insistan, lo cierto es que las herramientas legales y judiciales no están diseñadas para atender las incertidumbres y contradicciones de la política pública. Y muchos menos sirven los procesos judiciales, sean administrativos, disciplinarios o penales, para sacarse los clavos de las batallas políticas. Cuando los jueces se meten en política dejan de ser jueces y se convierten en manzanillos de barrio: más interesados en el favor, en la pequeña intriga y en la rencilla que en darle cada quien lo que le corresponde.