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Jiu-jitsu a las marchas

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Luis Guillermo Vélez Cabrera - lgvelezcabrera@gmail.com

Ya sabemos que la protesta ciudadana pacífica es un derecho, que las marchas son participación democrática, que manifestarse es libertad de expresión, etc. etc. Esta retórica de cajón es la que balbucean los promotores de este tipo de actos para darle un manto de legitimidad a lo que no es más que acción política directa; pura y dura. Aceptable en una democracia, por supuesto, pero burda y ordinaria como un chicle de ajo: hay que ir a la calle porque los foros institucionales (por ejemplo, el Congreso, los medios de comunicación, los partidos políticos) no les convienen o no se prestan para impulsar agendas extremas.

Por eso ahora tenemos una marcha el próximo 21 de noviembre en contra, literalmente, de nada. En contra de la reforma pensional que no existe; en contra de la reforma laboral, que tan poco existe; en contra del “holding financiero” estatal (¿?) y en contra de las privatizaciones (¿cuáles?); por no mencionar otros motivos nebulosos: marchar en contra de la corrupción, en contra de los tarifazos en los servicios públicos y contra de la pesca de aletas de tiburón.

Parte de la ironía de esta situación es que ojalá tuviéramos una reforma laboral -que flexibilice y formalice el mercado de trabajo-; una reforma pensional para estabilizar el futuro de las finanzas públicas y otras de las reformas estructurales que se requieren para hacer del país un lugar más equitativo y estable, como lo dejó muy claro el aleccionador informe de la Ocde “Hacia una Colombia más prospera e inclusiva”.

En otras palabras, el Gobierno está pagando los platos rotos de una vajilla que ni siquiera ha comprado.

Ahora bien, los que hemos estado en el extremo receptor de estas marchas sabemos lo frustrantes e injustas que son. La oposición organizó varias de estas durante los años 2016 y 2017, calentando motores para las elecciones regionales y nacionales que vendrían luego. En varias ciudades los carteles pregonaban “No más impunidad”, “No más corrupción” y cosas por el estilo. Se trataba de pura retórica política que muchos acogieron y, valga decirlo, les funcionó a quienes las promovieron.

La historia ha demostrado que las marchas de 2016 y 2017 no tenían razón de ser, como tampoco tienen ninguna razón de ser en 2019. La acción directa en la calle no quiere decir más democracia, más bien lo contrario: las marchas representan el fracaso de la democracia; de los mecanismos de comunicación y concertación institucional que permiten el diseño e implementación de políticas públicas ponderadas, basadas en la evidencia empírica y no en la fuerza bruta de las movilizaciones.

Es hora de plantear las grandes ideas que están haciendo falta, cambiar buena parte del gabinete y recomponer la gobernabilidad ahora inexistente. Insistir en que todo anda bien y que lo que hay es un problema de comunicación es la falacia más común de los gobiernos en dificultades. O le hacen jiu-jitsu a las marchas o estas mandarán al Gobierno a la lona, en un match que perderemos todos los colombianos.

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