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Una gigantesca máquina de desigualdad

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Mientras usted lee este artículo el Estado colombiano perderá $38.000 millones. Y no podrá pagarlos. Los quedará debiendo. O mejor, usted los quedará debiendo. Junto con otros $5 billones. Esto es, un cinco seguido por doce ceros. Así: 5.000.000.000.000. Bastante más que todo el presupuesto anual asignado a la rama judicial, casi igual al presupuesto de transporte e infraestructura y dos veces el presupuesto del agro.

Los $5 billones que usted y todos los colombianos estamos debiendo -y que no podemos pagar- acarrean una tasa de interés comercial, como si los hubiéramos gastado con una tarjeta de crédito o se tratara de un préstamo de libranza.

Es decir, que nos cuestan otros $2 billones adicionales por los intereses que genera. Suma con la cual le podríamos dar soluciones de vivienda a 224.000 colombianos pobres. Todos los años.

Esta absurda situación ha sido creada por la ley y por la jurisprudencia. Tal vez con buenas intenciones, como el resarcimiento de los ciudadanos ante fallas del servicio o su protección ante la negligencia de algunos funcionarios. Sin embargo, quienes promueven estas iniciativas buscan sustituir las falencias del sistema político, que es el llamado a asegurar las necesidades básicas de los ciudadanos, con procedimientos y sanciones judiciales. Esto equivale a solucionar los problemas de gobernanza pública tirándoles encima códigos y sentencias para que se arreglen solos.

Este enfoque es, además de ingenuo, contraproducente. Arropados bajo la supuesta protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos se esconde una industria de litigio en contra del Estado que de manera sistemática y efectiva está promoviendo la transferencia de recursos más inequitativa de la historia nacional. La reparación de las víctimas, la protección de los derechos de propiedad y el respeto por las libertades individuales se obtiene con buenas políticas públicas y no a través de millonarias decisiones judiciales que muchas veces acaban, vía cuota litis, en los bolsillos de los abogados.

Y es que resulta fácil justificar el despilfarro de recursos públicos citando doctrinas jurídicas medio cocinadas, que rara vez se abren paso en la jurisprudencia de sus países de origen pero que aquí se adoptan con una velocidad vertiginosa, sorprendiendo inclusive a sus propios autores.

Hace poco, por ejemplo, se tramitó en un tribunal una tutela que pretendía la protección de los “derechos fundamentales” de un perro callejero y solicitaba a la autoridad municipal la construcción de un “hospital de perros” para garantizar su derecho a la salud. Este episodio no es anecdótico: por la misma época una sala de la Corte Suprema de Justicia le otorgó habeas corpus a un oso de anteojos y ordenó a las autoridades su reubicación a costillas del erario público (decisión que después fue revocada).

El estatuto de defensa jurídica del Estado, que fue presentado al nuevo gobierno, genera un balance justo entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la prevención del abuso del derecho de acción. No obstante, ya algunos detractores lo consideran inconstitucional, sin haberlo leído. El estatuto se elaboró que rigor jurídico y con contó la asesoría de expertos constitucionalistas, precisamente para lograr una adecuada ponderación de los derechos y bienes jurídicos tutelados.

En todo caso, no sobra recordar que, lo que llamamos “el Estado” somos, en realidad, nosotros mismos, los ciudadanos de la república. Como lo afirmó Margaret Thatcher, en un famoso discurso ante la conferencia del Partido Conservador: “Que nunca se nos olvide una verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la que gente gana por ella misma”. Por eso no existe aquello que llamamos “el dinero público”. Solo existe el dinero de los contribuyentes o sea el dinero de todos y cada uno de nosotros.

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