No hay derechos sin impuestos

Se supone que desde 1991 el colombiano es un Estado Social de Derecho. Aunque no es claro esto qué significa (¿es, por ejemplo, algo diferente al “Estado de derecho”? ¿Quién define que algo sea “social” o no lo sea?, en fin…), lo cierto es que existe la idea general que en Colombia la Constitución creó un Estado de bienestar, a la imagen y semejanza de los estados europeos de la posguerra.

Esta es, sin duda, una idea loable, sobre todo en un país con grandes niveles de desigualdad y de pobreza. Las fuerzas del mercado por si solas no pueden solucionar estas fallas estructurales de la sociedad, por lo menos no a la velocidad y en la profundidad que se requieren para darle sostenibilidad al sistema.

Cabe preguntarse si la creación de un Estado de bienestar por mandato constitucional es una buena idea. No fue el camino escogido por los países de la Ocde, que son los modelos de Estado de bienestar que todos tienen en mente, para implementar lo que, básicamente, son políticas públicas de alto contenido social. Pero que se le va a hacer: esta no es la primera -y quizás no será la última- constitución para ángeles que hemos redactado.

Elevar a rango constitucional el Estado de bienestar tiene sus problemas. En general, las constituciones liberales traen protecciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la vida, la libertad, la propiedad, el derecho a elegir, etc. Pero no se tiene “derecho” al carro, casa y beca, como lo pretende la constitución colombiana, o por lo menos, como lo pretenden quienes la han interpretado durante los últimos veinticinco años.

Fundir en un bloque de concreto constitucional el sistema de salud, los programas de vivienda, las políticas educativas y hasta el sistema de aseguramiento pensional y luego amarrarlo a la pierna del Estado es muy peligroso. Un vendaval económico puede mandarlos a los dos al fondo del mar sin que haya muchas posibilidades de salvamento.

Esto lo tienen bastante claro los economistas, pero lo ignoran los abogados. Mientras que los primeros vienen del mundo del debe y del haber, los segundos vienen del mundo de los derechos y de las obligaciones. La dificultad radica en que, en el mundo de los números, por cada cosa que se tiene hay una cosa que se debe, mientras que en el mundo de las leyes no todo derecho tiene su correspondiente obligación. Se pueden tener derechos solo por ser, o por pertenecer, sin tener que obligarse a algo o a alguien.

Sin embargo, la realidad es tozuda. Puede que en la ficción jurídica los derechos existan, como los querubines, inmaculados e inmateriales, pero en la vida real los derechos no existen sino hay con qué pagarlos. Este es el elefante en la cristalería que muchos abogados pretenden ignorar.

Pero ahí está. Lo cierto es que no hay derechos sin dinero. Si queremos seguir construyendo el Estado de bienestar que decidimos crear por allá en 1991 y que, valga decir, ya es uno de los más avanzados del mundo en desarrollo, toca pagarlo.

Y el dinero no crece en los árboles. Sale de los bolsillos de todos los ciudadanos: de los ricos, de las empresas, de la clase media y sí, también de los pobres. El Estado solo tiene que lo que los ciudadanos le dan, lo que los ciudadanos le permiten producir o lo que le permiten pedir prestado. No hay más. El Estado es pésimo empresario y la plata prestada la acabarán pagando nuestros hijos. Por eso, si queremos más derechos tendremos que pagar más impuestos.