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¿Y lo de Colombia en la Ocde?

Ahora que empieza a moverse, de manera más agitada, el tema de los posibles candidatos a reemplazar al Presidente de la República a partir de 2018, es pertinente evaluar algunos de los asuntos que permanecen pendientes por lograr. Algunos de ellos no se alcanzarán, pero aún hay 10 meses por delante para que otras de esas promesas se alcancen. Una de esas tareas pendientes del gobierno Santos obedece a la opción de integrar a Colombia al Club de las Buenas Prácticas (mal llamado, Club de Países Ricos): la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Este foro ha sido útil para que naciones que en su momento presentaron retrasos en sus procesos de desarrollo y avances en industria y crecimiento económico, se sirvieran de la interacción con las más avanzadas, e hicieran eco de sus prácticas en procura de mayor progreso para el beneficio de sus sociedades.

Desde que el presidente Santos arribó a la Casa de Nariño planteó la opción de llevar a Colombia a formar parte de la Ocde. Sin embargo, como era de esperarse, el camino ha sido lo suficientemente difícil, a tal punto que no han faltado los escépticos frente al probable ingreso del país. Sin embargo, hoy el Estado colombiano está a un par de aprobaciones para hacerse miembro de este colectivo que servirá a los propósitos de avanzar en materia de desarrollo, en su acepción más integral.

El ingreso a la organización es ventajoso, entre otros aspectos, para el tema laboral; en la medida que corresponde al país entenderse en línea con los estándares trazados por la OIT, que son los que definen el comportamiento internacional en la materia. En este aspecto, como sucede con muchos otros, no es condición que las normas externas se ajusten al ordenamiento jurídico doméstico, dado que los miembros de la Ocde tienen la opción de acudir a la OIT misma (sus tribunales) en procura de hacer defender los derechos de los trabajadores.

Dentro de lo positivo del proceso de ingreso, la misma organización señala que el procedimiento de revisión y evaluación permite a las autoridades del país que los estándares y buenas prácticas de la Ocde se les hagan familiares y útiles a sus funciones, así como la identificación de posibles áreas en las cuales sea pertinente implementar reformas. E insiste cómo para Colombia es relevante tener la oportunidad de discutir los principales retos para la generación de políticas públicas de mayor pertinencia, en un contexto de orden multilateral, tomando como referente las experiencias de los países miembros que ya han enfrentado retos similares a los que tiene el país. En ese contexto, el diálogo se hace beneficioso para Colombia, pero también para la comunidad internacional, en la medida que tales procesos se pueden hacer extensivos, con carácter de docencia, en otros escenarios de similares características.

Sin embargo, con los diversos retrasos del país en varias áreas, no todo resulta tan positivo, puesto que hay cambios tan profundos y de carácter realmente estructural que lucen rudos a la tradición institucional de la Nación. Para muchos la reciente reforma tributaria (bastante cuestionada) es prueba de ello. Como quiera que eso aparenta ser desventajoso para la sociedad, la realidad es que se torna en condicionante para ingresar a la Ocde. Las reformas, incluso, van al terreno de la seguridad, campo en el que se hace necesario darle un giro al funcionamiento del Ministerio de Defensa y su relación con la Policía Nacional.

Hasta ahora la realidad es que no se ha logrado culminar con todas las demandas y requisitos de la Ocde para que Colombia esté allí como miembro pleno. A ello se suma que dos comités (asuntos comerciales y laborales) de los 23 que deben dar su aprobación no lo han expresado. La meta trazada es que al cerrar el año se logre una respuesta positiva y, entonces, se pueda cumplir con ese pendiente del país en materia internacional.