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Analistas 18/06/2018

Libre competencia en Colombia

Juan Pablo Herrera Saavedra
Decano Facultad de Economía Universidad de Externado de Colombia

Un valioso logro de este Gobierno es el avance del país en la protección de la libre competencia. Un tema que sólo hasta hace pocos años, para algunos economistas no muy informados, era sinónimo de competitividad. Hoy, por fortuna, el país reconoce que si bien un pilar clave para ser competitivos es la libre competencia, tal concepto tiene un campo de conocimiento propio que amerita un profundo análisis de académicos interesados.

Gary Becker, en un artículo titulado tal como la magnífica obra de Fyodor Dostoevsky, Crimen y Castigo, publicado en el Journal of Political Economy en 1968, jamás pensó que sería tan citado por su gran conclusión: para que un régimen sancionatorio disuada es preciso que la conducta ilegal sea fuertemente sancionada y exista alta probabilidad de detectarla.

Pero, ¿qué legado deja este gobierno en este asunto? En los frentes señalados por Becker hay un notorio avance en el país. Por primera vez en la historia de la libre competencia las multas máximas, sobre las cuales se ha sancionado en este Gobierno, son hasta 50 veces mayores; ya no 2.000 smmlv de otrora, sino lo que fuere más alto, si 100.000 smmlv o 150% del beneficio obtenido por el infractor, en el caso de personas jurídicas. Esto es un primer avance en el tema.

Desde casos icónicos, como la más alta multa impuesta en la historia de libre competencia a quien aún hoy ostenta posición de dominio en voz móvil, por su abuso de su referida posición en cuestiones de portabilidad, hasta sanciones por cartelización en productos de consumo masivo como pañales, papel higiénico, cuadernos, azúcar, etc. conllevan a cifras nunca antes acá escuchadas, que en todos los casos de cartelización en mención corresponden a cientos de miles de millones de pesos como multa total.

Pero las altas multas solas no son suficientes, según Becker, para disuadir. Conscientes de ello, el país ha visto un esfuerzo del Estado por reforzar las capacidades de detección. Basta citar la puesta a punto del programa de beneficios por colaboración mediante el Decreto 1523 de 2015, que clarifica el mecanismo para delatar a los co-cartelistas.

La creación del Grupo Élite de Lucha Contra la Colusión y demás conductas anticompetitivas en compras públicas es otro gran avance, sin dejar de reconocer la optimización del laboratorio forense en la captura de la prueba digital, hoy considerado de referencia en América Latina.

Queda también como legado el Decreto 1817 de 2015, que fija el período al Superintendente de Industria y Comercio, e indica el proceso para su designación, lo que da más independencia y autonomía al ejercicio de sus funciones en una entidad que hoy tiene valiosa recordación por su carácter técnico y capacidad de atender las necesidades de la gente en el mercado.

Así, hay logros importantes y un campo recorrido que motiva a que más economistas sigan construyendo y estudiando en los próximos cuatro años, cómo proteger la columna vertebral de la economía de mercado: la libre competencia.

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