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Pleito por las redes

Esta semana se conoció la solicitud formal a la Cámara de Comercio de Bogotá, de la creación de dos tribunales de arbitramento por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las contrapartes son Movistar y Claro, por una disputa que hay sobre la propiedad de algunos activos de las redes de telecomunicaciones construidas durante 20 años por ambas compañías, para la prestación del servicio de telefonía móvil celular, y luego el servicio de internet móvil.

Para revisar el origen del problema, nos remontamos a los contratos originales de concesión que el estado otorgó en 1994 a Celumóvil, Comcel, Celumóvil de la Costa, Occel, Cocelco y Celcaribe. Para el estado colombiano, fueron los últimos grandes contratos enmarcados en la ley 80 de contratación pública en el área de las telecomunicaciones, ya que pocos años después la ley cambió. 

Los contratos originales tienen una cláusula que implica que las redes de telecomunicaciones se revertirían al estado una vez finalizara el contrato, que hay que decirlo, era prorrogable por 10 años.

En 2004 cuando acababa de entrar el competidor Colombiamóvil con su marca OLA, que después se convirtió en Tigo, las empresas ya consolidadas Bellsouth y Comcel, firmaron las prórrogas por diez años. El contrato de Tigo no incluye el tema de reversión de redes por la fecha en que se firmó. En la letra menuda de las prórrogas nadie incluyó la reversión de las redes, ya que se pensó que cómo la ley había cambiado no aplicaría. 

Años después en un debate de control político al anterior ministro Diego Molano, la contralora Sandra Morelli levantó la mano, dijo que le sonaba que las compañías tenían que revertir y demandó ante la Corte, con tan mala suerte para las compañías que le dieron la razón, aduciendo que lo que aplica para un operador es el contrato original, así que hoy Claro y Movistar deberán devolverle las redes al estado, pero como se volvió a firmar una nueva prórroga de 10 años mas, las compañías ahora deben pagarle al estado una suma por el uso de las redes que ellos construyeron.

El cuento resumido va a que hay diferencias conceptuales, jurídicas, técnicas y económicas sobre el valor de esos activos. Claro y Movistar han sostenido al menos 25 reuniones de negociación con el MinTIC, en donde hay que reconocer que las compañías y el ministerio han puesto toda la voluntad para llegar a un acuerdo sobre el problema. Luego de las reuniones el MinTIC recibió la sugerencia de la Procuraduría de elevar el caso a Tribunal de Arbitramento, llamado que el ministro David Luna atendió.

Los abogados del estado van a ser Gonzalo Suárez Beltrán y Gabriel Vega Pinzón, quienes presentarán el escrito ante el Tribunal. Las compañías no han definido su equipo de abogados, y la Cámara de Comercio posiblemente escoja árbitros por sorteo. Sumando honorarios de los abogados del MinTIC y de los dos operadores estamos hablando de cifras en miles de millones de pesos. 

Estoy seguro que Juan Carlos Archila, presidente de Claro; Alfonso Gómez Palacio presidente de Telefónica Movistar y el ministro David Luna son todos personas sensatas y que trabajan en el marco del sentido común y lo razonable. Conozco y he hablado con los tres en múltiples oportunidades y pienso que tienen las calidades humanas y profesionales para llegar rápidamente a un acuerdo en un largo almuerzo sin necesidad de llegar a los intringülis jurídicos. 

Las negociaciones dentro de un Tribunal pueden ser demoradas, caras y dolorosas, como ya hemos visto en los pleitos ETB vs. Comcel y Movistar. Todos los abogados dicen que es mejor un arreglo que un pleito. El sector, los usuarios y la industria se merecen una salida rápida y negociada para evitar que ahora comience un nuevo conflicto gigantesco. 

Recordemos que con estos dos ya el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quedaría en tres tribunales con todos los operadores. El precio de la prórroga de Tigo hace tres años también fue elevado a Tribunal que no se ha resuelto.