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Analistas 28/06/2013

El Bosman colombiano

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En 1990 la FIFA, en su asociación europea, la Uefa, se vio sorprendida por una demanda internacional interpuesta por el jugador de fútbol belga Jean Marc Bosman quien fue transferido del Real Fútbol Club de Lieja (Bélgica) al Unión Deportiva de Dunkerque (Francia). El jugador reclamaba que el traspaso tenía condiciones desiguales y específicamente cuestionaba el tema del número de cupos reservados para extranjeros en el sistema europeo para esa fecha. Bosman elaboró su demanda invocando el Tratado de Roma (1957) en el cual se prohíbe que asociaciones o federaciones establezcan en sus reglamentos límites a los jugadores extranjeros ciudadanos de la Unión Europea (UE). 

 
El 15 de diciembre de 1995 en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaró ilegales las indemnizaciones por traspaso y el tema de los cupos de extranjeros de jugadores nacionales de estados miembros de la UE. El fallo abrió la puerta a que los grandes clubes europeos contrataran a jugadores de cualquier nacionalidad dentro de la Unión Europea sin limitación. El caso cambió para siempre las reglas en el negocio.
 
En el fútbol colombiano se acaba de producir un hecho jurídico que se asemeja a aquel punto de inflexión Bosman. El precedente es una tutela que la semana pasada ganó el volante antioqueño Yhonny Ramírez a la Dimayor.
 
El caso inicia en 2012 entre Yhonny Ramírez y Eduardo Pimentel dueño del Boyacá Chicó. Ramírez, teniendo contrato vigente con el equipo, fue inscrito para jugar por Millonarios. En ese momento se firmó una opción de compra entre ambos equipos por 500 millones de pesos. El problema para Pimentel fue que, posteriormente, Ramírez alegó nulidad del contrato por no pago de la totalidad de su seguridad social, específicamente de cesantías. 
 
Con base en la no vigencia del contrato laboral, el jugador se declaró “libre” y firmó un nuevo contrato esta vez con Millonarios. Pimentel insistió en que Millonarios y Ramírez estaban haciéndole “conejo”, es decir, reclamó el pago de la opción de compra ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor. Pimentel pretende $500 millones por los derechos deportivos de Ramírez, además de 100 millones por perjuicios de terminación anticipada de contrato. La Dimayor aceptó estudiar la demanda a lo que Ramírez respondió interponiendo una acción de tutela.
 
La jueza 13 Civil Municipal de Bogotá, Ibeth Maritza Porras, en respuesta a la petición de Ramírez, determinó que la Federación Colombiana de Fútbol o la Dimayor no pueden declararse competentes para estudiar una demanda del Boyacá Chicó contra el jugador y el equipo Millonarios. 
 
La tutela deja sin piso jurídico las decisiones de Dimayor donde aceptaba estudiar la demanda del Boyacá Chicó por el valor de los derechos deportivos. Igualmente, el despacho indica que se violó el derecho al debido proceso y dispuso que “los problemas contractuales de los jugadores son un asunto de la justicia ordinaria colombiana y no de los órganos privados creados por los entes del fútbol”. (Ver tutela)
 
“La legislación del fútbol en Colombia no es para jugadores como James Rodríguez o Falcao, aquí la ley aplica para los que no tienen la opción de ir al exterior y mucho menos de pagar las sumas por culminación de contratos. En 67 años de fútbol en el país es la primera vez que un jugador pierde el miedo y gana una tutela que permitirá que sea la justicia ordinaria la que dirima estos casos” asegura Carlos González Puche de la Asociación Colombiana de Futbolistas.
 
A partir del fallo, otros jugadores demandarán sus derechos laborales y probablemente cambie para siempre el fútbol en Colombia. Valiente Ramírez que arriesgó su futuro profesional, se echó encima a los directivos, pero consiguió su primer objetivo. Yhonny será recordado siempre por este “gol” que marcó. Aun no se sabe si Pimentel recibirá los 500 millones, pero es altamente significativo el hecho de que sea la justicia ordinaria quien decida, y no la Dimayor.
 
Ñapa: Felicitaciones al Ministro TIC Diego Molano Vega por el proceso de Subasta 4G donde el estado obtiene más de $770 mil millones por el espectro.  El mecanismo de subastar fue impecable ya que los participantes actuaban de manera “invisible” en las rondas.
 

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